La idea de que un gobierno sin mayoría congresal “no puede hacer mucho” es incompleta. La mayor parte de las decisiones que afectan infraestructura, inversión, emergencias y gasto público dependen del Ejecutivo, no del Parlamento. Estos cinco mecanismos muestran cómo la gestión —o la falta de ella— puede alterar directamente la vida de millones de peruanos.

Las dudas sobre el proceso electoral conviven con un problema mayor: un Estado que incrementa planillas, acumula obligaciones permanentes, ejecuta casi nada en obras y endurece la fiscalización contra ciudadanos y emprendedores. La brecha entre gasto y resultados se agrava mientras no hay claridad institucional.

Mientras la Sunat intensifica la fiscalización sobre pequeños contribuyentes, el Estado mantiene servicios deficientes y una ejecución de gasto público que no responde a las necesidades ciudadanas. La brecha entre lo que se recauda y lo que se devuelve se profundiza.

El gasto en remuneraciones del Estado alcanzó S/ 76,049 millones en los últimos 12 meses y sigue creciendo pese al déficit fiscal. Nuevos beneficios, aumentos y obligaciones permanentes aprobadas por el Congreso presionan las finanzas públicas y reducen el espacio para inversión.

Mientras el Gobierno sigue transfiriendo recursos, distritos con millonarios ingresos por canon mantienen obras de agua, educación y conectividad sin iniciar en 2026.

El FMI pone el foco en dos riesgos simultáneos: el avance de leyes con costo permanente sin fuente de financiamiento y la posibilidad de nuevos apoyos a Petroperú.

Aunque el Estado destina 20 mil millones de soles, persisten problemas en hospitales, anemia infantil y educación, mientras las órdenes de servicio crecen sin control.

El sueldo docente se duplicó en la última década, pero solo 3 de cada 10 escolares entienden lo que leen. ¿Qué medidas adoptará el Estado para realmente mejorar la educación del país?

Según el MEF, se destinaron S/ 9,537 millones a la ejecución de obras públicas. El gobierno nacional invirtió S/ 4,394 millones, mientras que los gobiernos regionales gastaron en obras públicas S/ 2,240 millones. 

El gasto público en el Estado no suele ser del todo eficiente, debido a que el gobierno destina millonarias sumas de dinero al gasto corriente, en lugar de transferir fondos para la ejecución de obras y programas estatales. En 2024, el gobierno destinó más de S/81,000 millones al pago de salarios y consultorías.

No solo Argentina necesita reducir la burocracia del Estado. Hace años Perú requiere lo mismo. La pregunta es: ¿será algún candidato capaz de enfrentar esa casta de burócratas, empresas y sindicatos estatales que no generan valor?

Durante los primeros dos meses del 2024, el Perú ejecutó el 8.7% de su presupuesto público. Esto equivale a S/5,348 millones, un un 66.2% más en comparación con el similar periodo del año anterior.

La región cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/3,094,806,525. Hasta el 1 de noviembre, se registra una ejecución del 65.9%, dejando un saldo de S/156,551,250. Un informe de la Asociación de Contribuyentes del Perú reveló que el presupuesto público para este departamento se incrementará en 27% de cara al 2024.

El Estado registra un gasto público equivalente a S/151,160 millones durante el primer semestre del 2023. Esta cifra representa un 6.9% más dinero que el similar periodo del año anterior, lo cual refleja una mayor inversión en obras y programas públicos de S/29,532 millones.

Las regiones Cusco, Arequipa, La Libertad, Ancash, Ica, Tumbes y Huancavelica congregan el número de municipios provinciales y distritales que más dinero gastaron en consultorías públicas bajo la modalidad de contrataciones sin proceso. En total, solo 14 gobiernos locales gastaron hasta S/116,665,756, según la Contraloría.

La región se posiciona en el puesto 12 en el Índice de Corrupción e Inconducta Funcional. Entre las provincias más corruptas se encuentran Moyobamba (60.5%), San Martín (53.5), Mariscal Cáceres (42.2), El Dorado (41.9) y Picota (40.1).

¿Alguna vez se han preguntado cuánto gasta el Estado en la contratación de proveedores?  En el 2022, el Programa Educación Básica para Todos del Ministerio de Educación emitió 16 216 órdenes por S/ 199.072.956. Le siguen MTC, Minsa, JNE, ARCC y otras.

De acuerdo al análisis de expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BIS), lo que el Perú requiere son reformas que fiscalicen adecuadamente el gasto público y que, sobre todo, ayuden a comprender cómo se emplean estos recursos y cómo la ejecución de este presupuesto contribuye a mejorar la calidad de vida de los casi 33 millones de peruanos.