Mientras la ONPE no responde, el Estado exhibe un patrón más profundo: gasta sin control, ejecuta poco y fiscaliza sin equilibrio

Mientras la ONPE sigue sin despejar las dudas que dejó la primera vuelta, otros indicadores muestran un Estado que enfrenta problemas estructurales más graves. En los últimos 12 meses, el gasto en remuneraciones llegó a S/ 76,049 millones, equivalente al 6.1% del PBI, un récord histórico. Solo entre febrero y marzo, las planillas aumentaron S/ 802 millones. A esto se suma que el Congreso aprobó en marzo 11 iniciativas que comprometen S/ 11,400 millones adicionales en obligaciones permanentes. El crecimiento del gasto corriente avanza sin una mejora visible en los servicios públicos.

La situación se agrava cuando se observa la ejecución de obras. Municipios con presupuestos millonarios —como Megantoni, Imaza o Cojata— iniciaron el año con 0% de avance en inversión. En regiones como Áncash, Cajamarca y Huancavelica, decenas de municipalidades no superan el 3% de ejecución, pese a tener recursos para agua, saneamiento, pistas y colegios. Lima repite el patrón: solo 8 de 42 distritos superan el 30% de ejecución en obras, mientras más de la mitad ya gastó más del 30% en planillas. El problema no es falta de presupuesto, sino incapacidad para convertirlo en infraestructura.

En paralelo, Petroperú vuelve a estar al borde del colapso financiero. El gobierno evalúa un nuevo rescate porque la empresa no puede cubrir sus deudas ni acceder a crédito privado. El sindicato exige un aval estatal de US$ 2,000 millones para mantener operaciones. En la última década, la empresa ha recibido más de S/ 22,000 millones en rescates, garantías y capitalizaciones, mientras la Refinería de Talara pasó de costar US$ 1,300 millones a más de US$ 6,500 millones. Cada crisis termina igual: más recursos públicos para sostener una empresa que no logra ser autosuficiente.

Mientras el gasto crece y las obras no avanzan, la fiscalización hacia ciudadanos y emprendedores se vuelve más estricta. SUNAT ahora puede hacerse pasar por cliente en redes sociales para detectar ventas sin comprobante, incluso en negocios pequeños. Los procedimientos cambian sin aviso y las multas se aplican aunque el contribuyente esté apelando. SUNAFIL, por su parte, cruza datos y monitorea de forma remota antes de cualquier visita, con sanciones que aumentaron automáticamente tras el alza de la UIT. En un sistema laboral complejo y lleno de normas contradictorias, los errores formales pueden quebrar a una MYPE.

El contraste es evidente: mientras el Estado incrementa su gasto y acumula obligaciones, exige cumplimiento estricto a ciudadanos y empresas que operan en un entorno normativo difícil de navegar. La falta de transparencia en el proceso electoral solo agrava la percepción de desorden institucional. Sin cambios en la gestión pública, la combinación de gasto creciente, baja ejecución, rescates recurrentes y fiscalización desbalanceada seguirá afectando a los peruanos que financian el sistema.