Descentralización: ¿cuál es la capacidad de gasto de los gobiernos subnacionales?

Desde hace casi dos décadas, la política de descentralización en Perú ha sido crucial para promover la inversión desde regiones en sectores como minería y turismo. Sin embargo, muchas veces el dinero transferido desde el gobierno central a los gobiernos regionales y municipios no es bien ejecutado, lo cual demuestra la falta de capacidad de los funcionarios públicos para satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

Anualmente, los gobiernos sub nacionales reciben millonarias sumas de dinero por parte del gobierno central que permiten a los gestores públicos impulsar proyectos y programas a favor de la ciudadanía. Asimismo, las regiones en donde se concentran actividades extractivas reciben diversos beneficios como el canon minero y las regalías, dinero sumamente útil para promover el desarrollo en los departamentos.

Pese al alto monto transferido a las arcas públicas de cada gobierno regional y municipal, aún existe un gran sector de la población que luce insatisfecho con la gestión de sus autoridades, quienes pocas veces son capaces de gestionar obras o programas que mejoren la calidad de vida de sus residentes. Esto se demuestra con los altos índices de pobreza monetaria (25.9%) o desnutrición infantil (15.1%)

En 2002, el gobierno de Alejandro Toledo aprobó la Ley de Bases de Descentralización (Ley Nº 27783) para distribuir de forma correcta las funciones y responsabilidades con las que cuentan los gobiernos regionales y municipalidades provinciales y distritales para ejecutar el presupuesto público. Si bien esta ley tenía como principal enfoque comprender cómo el dinero era utilizado en diversos sectores, también fue útil para conocer cómo los funcionarios públicos invierten el aporte de los contribuyentes.

La capacidad de gasto de los gobiernos sub nacionales se representa en función del monto transferido anualmente y el porcentaje de dinero ejecutado. Si bien esto se puede comprender a detalle con cifras macro, también puede ser ilustrado con el número de obras paralizadas (1,879 a nivel nacional) o con casos específicos como el de Yarabamba, el tercer distrito más rico del Perú que carece de servicios básicos como acceso a agua potable.

Este distrito, a pesar de contar con un presupuesto superior a los S/.500 millones, el cual es entregado a través de regalías y canon, no es capaz de promover proyectos que permitan que sus residentes cuenten con agua y desagüe las 24 horas del día. Sin importar las altas sumas de dinero que poseen en las arcas, las autoridades no saben cómo gastarlo, lo cual ha provocado que durante los últimos 3 años se retornen casi S/.111 millones al gobierno central. Lamentablemente, hasta noviembre de 2022, Yarabamba solo invirtió el 33% de su presupuesto.

Situaciones como las de este distrito se replican en diferentes puntos del país, hecho que prueba que la transferencia de dinero a los más de 2 mil gobiernos descentralizados no termina siendo del todo útil. Entonces, ¿qué tiene que cambiar dentro del gobierno para mejorar esta situación?

De acuerdo al análisis de expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BIS), lo que el Perú requiere son reformas que fiscalicen adecuadamente el gasto público y que, sobre todo, ayuden a comprender cómo se emplean estos recursos y cómo la ejecución de este presupuesto contribuye a mejorar la calidad de vida de los casi 33 millones de peruanos. “Se deben concentrar los fondos, se necesita facilitar el control fiscal de estos recursos, ordenar las condiciones que la nación exige a los gobiernos sub nacionales para este tipo de transferencia y garantizar una política de descentralización coherente”.