Gasto salarial fuera de control: S/ 76 millones en aumentos en un año

El gasto del Estado peruano en remuneraciones ha alcanzado niveles históricamente altos y se ha convertido en uno de los principales motores del deterioro fiscal. Según el Banco Central de Reserva, en los últimos 12 meses a marzo de 2026 el Estado destinó S/ 76,049 millones a sueldos y bonos, equivalente al 6.1% del PBI. Solo entre febrero y marzo, el gasto en planillas aumentó S/ 802 millones, en un contexto donde el déficit fiscal se mantiene en 2.2% del PBI, por encima de la meta oficial de 1.8%. Esto significa que el Estado no solo gasta más de lo que recauda, sino que además continúa ampliando su masa salarial, comprometiendo aún más sus cuentas públicas.

El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, ha advertido que el gasto salarial está “fuera de control”. Su preocupación se sustenta en decisiones recientes del Congreso: solo en dos sesiones plenarias de marzo se aprobaron 11 iniciativas que implican S/ 11,400 millones adicionales en compromisos permanentes. Según Segura, estas medidas podrían representar hasta 1 punto porcentual del PBI, equivalente a unos US$ 3,000 millones, e incluyen incrementos remunerativos, ampliaciones de beneficios laborales y nuevas obligaciones que no cuentan con financiamiento sostenible. En otras palabras, el Estado está asumiendo compromisos que deberá pagar todos los años, incluso si la recaudación cae o la economía se desacelera.

El detalle sectorial confirma la tendencia. En marzo, el gasto en sueldos llegó a S/ 3,300 millones, impulsado por aumentos en sectores como orden público, donde la Policía Nacional recibió S/ 75 millones en incrementos salariales y S/ 37 millones adicionales por CTS. También hubo aumentos en Salud (S/ 27 millones para profesionales y S/ 6 millones para administrativos), Justicia (S/ 23 millones y S/ 11 millones, respectivamente), Defensa (S/ 29 millones) y en gobiernos regionales y locales. Muchos de los beneficiados pertenecen al régimen CAS, creado como temporal pero convertido en un sistema permanente de facto, con un costo creciente para el contribuyente.

El problema no es solo el monto, sino la composición del gasto. En marzo, el 48% del gasto público fue gasto corriente. En el primer trimestre de 2026, la cifra subió a 76%, dejando apenas 24% para inversión pública. Esto reduce el espacio fiscal para infraestructura, mantenimiento y servicios esenciales, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. La rigidez del gasto —una vez otorgado un beneficio, el Estado debe financiarlo siempre— limita la capacidad de respuesta ante choques económicos y compromete la sostenibilidad fiscal.

El panorama es claro: el gasto en planillas se ha convertido en un factor estructural del deterioro fiscal. Si no se corrige, el Perú podría enfrentar restricciones severas para financiar servicios esenciales y mantener la estabilidad macroeconómica en los próximos años. Mientras tanto, los contribuyentes seguirán pagando una planilla estatal que crece más rápido que la economía.