Municipios reciben millones, pero dejan obras básicas en 0% de ejecución

En las regiones del Perú, donde las brechas en servicios básicos son más profundas, el problema del gasto público no es la falta de dinero, sino la incapacidad de usarlo. Distritos con acceso limitado a agua potable, infraestructura educativa precaria y problemas de conectividad reciben recursos millonarios, pero no logran convertirlos en obras.

El caso de Megantoni (Cusco) es ilustrativo. Se trata de uno de los distritos con mayor disponibilidad de recursos del país: recibe S/ 326,536,895 por canon, ingresos generados directamente por la explotación de recursos naturales en su territorio. Sin embargo, solo ha programado S/ 125,930,089 en su presupuesto de inversión para 2026 y ha ejecutado apenas 18.3% en el primer trimestre, según el Ministerio de Economía y Finanzas. Por ejemplo, una obra de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la comunidad nativa de Ticumpinia, se mantiene con 0% de avance. En un distrito con recursos abundantes, los servicios básicos siguen sin implementarse.

En Imaza (Amazonas), el problema se agrava por el contexto social. La municipalidad registra 0.9% de ejecución, con un presupuesto de S/ 8 millones. Entre los proyectos sin iniciar figura una intervención de agua potable rural para comunidades nativas, con más de S/ 3.4 millones asignados y 0% de avance. Imaza presenta niveles de pobreza superiores al 30%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática para la provincia de Bagua. En estas condiciones, la falta de ejecución implica que comunidades enteras continúan sin acceso a agua segura.

El patrón se repite en el sur andino. En Cojata (Puno), la municipalidad alcanza solo 10% de ejecución, con un presupuesto de S/ 7.2 millones. Sin embargo, obras vinculadas a infraestructura vial (puentes y caminos vecinales) y infraestructura de educación inicial no han sido iniciadas y registran 0% de avance. Esto ocurre en una región donde las brechas son evidentes: en zonas rurales de Puno, más del 40% de vías vecinales se encuentra en mal estado o sin pavimentar, y el acceso a educación inicial aún es limitado, con coberturas que pueden estar por debajo del 70%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática y el Ministerio de Educación.

Estos casos no son aislados. En regiones como Cajamarca, Áncash, Cusco y Puno, se concentra el mayor número de municipalidades con bajos niveles de ejecución. En estos territorios, el acceso a agua por red pública puede estar por debajo del 60% y la anemia infantil supera el 40%, según el INEI. En ese contexto, la inversión pública no es complementaria: es la principal herramienta para cerrar brechas.

Sin embargo, la ejecución no acompaña. Durante el primer trimestre de 2026, 1,442 de las 1,891 municipalidades del país —casi el 76%— no ejecutaron ni el 25% de su presupuesto en proyectos de inversión, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas procesados por Gestión. Además, 97 municipalidades registran 0% de ejecución, es decir, no han iniciado ninguna obra.

Este rezago ocurre mientras los recursos siguen creciendo. Solo en marzo de 2026, el Gobierno aprobó más de S/ 2,207 millones en transferencias para inversión en gobiernos locales. La contradicción es clara: los recursos aumentan, pero la ejecución no.

Parte de la explicación está en cómo se organiza el gasto público. Los gobiernos locales concentran una parte importante de los recursos de inversión y son responsables de ejecutar obras básicas. Sin embargo, también son el nivel del Estado con menor capacidad técnica y operativa. En muchas regiones, el canon y sobrecanon representan entre el 50% y 80% del presupuesto de inversión local, e incluso pueden cubrir casi la totalidad en distritos específicos. Así, los mayores recursos terminan en manos de quienes tienen más dificultades para ejecutarlos.

Las causas son conocidas. Según ComexPerú, los gobiernos locales enfrentan limitaciones concretas: equipos técnicos insuficientes, alta rotación de personal, expedientes mal formulados y procesos de contratación complejos. A esto se suma un incentivo clave: el riesgo de sanciones. Es decir, un error en la ejecución puede derivar en observaciones de la Contraloría o procesos administrativos. No ejecutar, en cambio, no tiene el mismo costo inmediato. El resultado es un sistema que termina favoreciendo la inacción.