Poder Ejecutivo pide S/ 4,160 millones como crédito suplementario sin financiamiento sostenible

El Poder Ejecutivo ha solicitado al Congreso un crédito suplementario por S/ 4,160 millones, acompañado de una emisión interna de bonos por S/ 1,260 millones. Aunque una parte se dirige a inversiones y continuidad de obras, alrededor de S/ 510 millones corresponden a medidas remunerativas como la bonificación extraordinaria para 435 mil docentes y asignaciones CAS. Este componente crea obligaciones permanentes para un Estado que ya opera con un déficit estructural elevado.

El FMI estima que en 2026 el déficit fiscal del Perú alcanzará 3.6% del PBI. Incluso en condiciones normales el Estado gasta más de lo que recauda. Aun así, el Gobierno plantea financiar este nuevo gasto con utilidades extraordinarias de empresas públicas, con una emisión de bonos fuera de los límites legales y con un supuesto sobrecumplimiento tributario que depende de precios internacionales de minerales. La solidez de esas fuentes es cuestionable. Solo por poner un ejemplo, PetroPerú ha recibido inyecciones de capital de más de S/ 22,000 millones desde el 2014, demostrando que las empresas públicas consumen más recursos de los que generan.

La estructura tributaria agrava el problema. Con una informalidad laboral que bordea el 70%, sólo tres de cada diez trabajadores aportan efectivamente al sistema. La recaudación total ronda el 16% del PBI. La base tributaria es estrecha y no permite sostener gasto corriente adicional. Cuando el Estado crea obligaciones permanentes sin ingresos permanentes, la consecuencia inevitable es recurrir a más deuda. Esa deuda recae sobre los pocos contribuyentes formales que ya sostienen al Estado.

Exministros de Economía han expresado preocupación. Luis Miguel Castilla señala que el crédito tiene un componente clientelar y limita el margen de acción del nuevo gobierno. David Tuesta advierte que se están usando ingresos temporales y deuda interna para financiar gasto corriente, lo que deteriora la credibilidad fiscal y traslada el problema al próximo gobierno.

El ciudadano formal no ve mejoras en los servicios públicos. El sistema de salud opera con 95% de centros de primer nivel en condiciones inadecuadas. La Contraloría registra unas 2,200 obras paralizadas. El 40% de las comisarías carecen de presupuesto adecuado. Aunque la inversión pública llegó a S/ 60,422 millones en 2025, los servicios no mejoran.

El resultado es un círculo vicioso. El Gobierno aprueba medidas que elevan el gasto corriente. Como no tiene ingresos permanentes, se endeuda. La deuda recae en los pocos formales. Estos sienten que pagan mucho y reciben poco. La informalidad se vuelve una decisión racional. La base tributaria se reduce y el Estado vuelve a endeudarse para cubrir obligaciones que él mismo creó. El contrato tributario se erosiona y la legitimidad fiscal se debilita.

El contexto político añade un elemento adicional. Este crédito suplementario proviene de un gobierno saliente, con alta impopularidad y sin capital político. La prioridad debería ser asegurar una transición ordenada hacia la administración entrante, no comprometerla con obligaciones que carecen de financiamiento sostenible. La decisión de avanzar con un crédito de esta magnitud en un periodo de salida incrementa la incertidumbre y profundiza la fragilidad fiscal.