El poder silencioso del Ejecutivo: decisiones que mueven la economía sin tocar una ley

El debate público suele reducir el poder del Ejecutivo a su capacidad de aprobar leyes. Pero la evidencia muestra que los mayores impactos en la economía y en la gestión del Estado provienen de decisiones administrativas, operativas y presupuestales que no requieren pasar por el Congreso. La ejecución de obras, la respuesta a emergencias, la conducción de ministerios y el manejo del gasto público son atribuciones exclusivas del Ejecutivo. Y cuando fallan, los efectos se sienten en competitividad, inversión y servicios básicos.

La infraestructura es un ejemplo claro. En 2020, en plena pandemia, el Estado asfaltó 238 kilómetros de carreteras. En 2022, solo logró el 31% de ese avance. La ejecución de obras no depende de leyes nuevas, sino de planificación, supervisión y capacidad técnica del Ejecutivo. Cuando estas fallan, el país pierde competitividad y las regiones se quedan sin proyectos clave. No es un problema de presupuesto: es un problema de gestión.

Las obras paralizadas agravan el panorama. Hoy existen 1,879 proyectos detenidos por más de S/ 21 mil millones. No están paralizados por decisiones del Congreso, sino por expedientes mal elaborados, errores administrativos y falta de seguimiento. Mientras solo 3 de cada 10 soles se destinan a inversión, los otros 7 se van a gasto corriente. El resultado es evidente: carreteras, colegios y hospitales inconclusos, mientras la planilla pública sigue creciendo.

La respuesta a emergencias también revela la capacidad real del Ejecutivo. En 2022, el Estado falló cuatro veces consecutivas en la compra de fertilizantes, un insumo crítico para miles de agricultores. Los errores técnicos en los concursos elevaron precios, redujeron la producción y afectaron la seguridad alimentaria. Ninguna de estas decisiones pasó por el Congreso: fueron fallas operativas del propio Ejecutivo.

A ello se suma la rotación de ministros. Más de 50 cambios en un año destruyen cualquier continuidad de políticas públicas. Cada relevo implica frenar proyectos, cambiar equipos, reiniciar procesos y perder meses de trabajo. La inestabilidad ministerial no requiere reformas legales para generar daño: basta con decisiones políticas mal calibradas que, con el pasar del tiempo, afectan la imagen del Perú como un socio confiable y predecible ante potenciales inversionistas.

Finalmente, el uso político del gasto puede comprometer la estabilidad fiscal. Incrementar costos permanentes sin sustento técnico —bonos, beneficios, ampliaciones de planilla— presiona el presupuesto y reduce el margen para inversión. Cuando el gasto rígido crece, el país pierde capacidad de respuesta ante crisis y se incrementa el riesgo macroeconómico.

Estos cinco mecanismos muestran que el riesgo político no depende solo de la correlación de fuerzas en el Congreso. Un Ejecutivo mal gestionado puede afectar inversión, competitividad y estabilidad sin mover una sola ley. Entender este poder real es clave para evaluar el rumbo del país y el impacto directo que estas decisiones tienen en el bolsillo de los ciudadanos.