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CAS: el régimen temporal que llegó a representar casi una cuarta parte del empleo público
El Contrato Administrativo de Servicios pasó de ser una fórmula transitoria para ordenar contrataciones precarias a concentrar 376.479 trabajadores en 2025. La ampliación de beneficios laborales para este régimen añade presión sobre las cuentas públicas y reabre el debate sobre la necesidad de ordenar la planilla estatal con criterios de mérito, desempeño y productividad.
Redacción Vigilante
Publicado 1:30 pm, 20 agosto, 2026
El régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) fue concebido como una solución transitoria para ordenar parte de las contrataciones precarias dentro del Estado. Sin embargo, su presencia en el sector público se expandió de manera sostenida y terminó convirtiéndose en uno de los principales mecanismos de contratación estatal.
Entre 2009 y 2025, el número de trabajadores bajo este régimen aumentó 140%. Al cierre de 2025, el Estado registraba 376.479 trabajadores CAS, equivalentes al 23,7% del empleo público. Es decir, casi uno de cada cuatro trabajadores estatales pertenecía a este régimen.
El mayor número se alcanzó en 2021, durante la pandemia, cuando la cifra llegó a 406.065 trabajadores. Para marzo de 2026, el número había disminuido hasta 351.448, aunque se mantenía en niveles elevados.
Una planilla de más de S/12.000 millones
El crecimiento del régimen también tiene un impacto sobre el gasto público. En 2024, la planilla de trabajadores CAS demandó S/12.476 millones.
Ese monto representó aproximadamente el 16% de los S/79.142 millones que el Estado destinó ese año al pago total de remuneraciones.
El problema, sin embargo, no se limita al número de trabajadores. Expertos advierten sobre la existencia de plazas creadas sin suficiente justificación, problemas de supervisión y deficiencias de productividad. Bajo estas condiciones, una entidad puede incorporar más personal sin demostrar previamente que ese incremento responde a una necesidad concreta.
Nuevos beneficios elevarían el costo
La presión sobre las cuentas públicas podría aumentar con la ampliación de beneficios laborales. El Congreso aprobó que los trabajadores CAS accedan a gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
Según una estimación del Consejo Fiscal, extender plenamente estos beneficios tendría un costo aproximado de S/3.000 millones adicionales cada año.
La discusión sobre el régimen CAS, por tanto, no pasa únicamente por reconocer nuevos derechos laborales o reducir el número de contratos. También involucra determinar cuántos trabajadores necesita realmente cada institución y cuál es el costo que puede asumir el Estado.
La reforma pendiente del empleo público
La reducción de trabajadores CAS registrada hasta marzo de 2026 no resuelve por sí sola el problema estructural de la planilla pública.
Antes de crear nuevas plazas o ampliar el gasto permanente, las entidades deberían determinar sus necesidades de personal, evaluar el desempeño de sus trabajadores y justificar las contrataciones en función de los servicios que deben prestar.
El desafío pendiente es avanzar hacia un servicio civil en el que el tamaño y costo de la planilla respondan a criterios de mérito, desempeño, productividad y necesidades institucionales, en lugar de continuar acumulando soluciones transitorias que terminan convirtiéndose en permanentes.