La presión fiscal crece, pero el Estado no devuelve servicios: el contrato social está roto

En los últimos años, la política tributaria peruana ha seguido una tendencia clara: aumentar la recaudación concentrándose en los contribuyentes más pequeños y en los sectores que ya están dentro del sistema formal. Según el análisis de José Ignacio Beteta, director ejecutivo de la Asociación de Contribuyentes del Perú, esta estrategia ha generado una presión creciente sobre emprendedores, profesionales independientes y usuarios de plataformas digitales, sin que ello se traduzca en una ampliación real de la base tributaria. Intentos como gravar servicios digitales, regular Airbnb o exigir domicilios fiscales a empresas internacionales han terminado trasladando el costo al consumidor final, reforzando la percepción de que el Estado recurre siempre a los mismos bolsillos.

El problema, sin embargo, no se limita a la fiscalización. Beteta advierte que la Sunat continúa enfocándose en los contribuyentes más pequeños, mientras los grandes informales operan parcialmente dentro y fuera del sistema. Muchos de ellos cuentan con RUC, facturan una parte de sus actividades y mantienen otra en la informalidad. En contraste, la mayoría de peruanos informales tiene ingresos tan bajos —muchas veces por debajo de los S/ 600 mensuales— que no existe margen real para aumentar la recaudación en ese segmento. Perseguirlos no solo es ineficiente, sino que reduce su capacidad de generar ingresos y limita su tránsito hacia la formalidad.

El diagnóstico de fondo apunta a un problema estructural: el contrato social entre el Estado y el ciudadano. La Sunat cumple su función recaudadora, pero los recursos terminan en un aparato estatal que no devuelve servicios de calidad. La ciudadanía enfrenta un entorno marcado por inseguridad, educación deficiente, un sistema de salud saturado y ciudades con infraestructura insuficiente. Esta brecha entre lo que se exige y lo que se entrega alimenta una ruptura creciente entre recaudación, gasto público y confianza ciudadana.

A ello se suma un problema en la asignación y ejecución del presupuesto. Más del 50% del gasto público se transfiere hoy a gobiernos regionales y locales, pero muchos de estos no logran ejecutar adecuadamente sus recursos, incluso en contextos donde reciben ingresos adicionales como el canon. La ejecución de inversión suele quedarse entre el 70% y el 75%, lo que evidencia que el problema no es la falta de dinero, sino la incapacidad de convertirlo en obras y servicios que mejoren la vida de los ciudadanos.

Frente a este escenario, Beteta sostiene que la única vía efectiva en el corto plazo es la incidencia ciudadana. La presión de la sociedad civil, los gremios, los medios y las instituciones independientes es clave para exigir mejores decisiones en el Congreso, que es donde finalmente se define el gasto y la regulación. En un sistema donde el contribuyente no cuenta con un árbitro independiente —a diferencia del consumidor, que tiene a Indecopi— la vigilancia pública se vuelve esencial para frenar abusos y exigir un Estado que devuelva valor por cada sol que recauda.