Pese al flujo millonario de recursos y a un nivel de ejecución superior al promedio, Cajamarca acumula 137 obras paralizadas, lo que impide que los fondos mineros se traduzcan en servicios básicos que mejoren la calidad de vida de su población.

La región altiplánica ha recibido más de 372 millones de soles por canon y regalías mineras entre enero y agosto de 2025, pero solo ha ejecutado alrededor del 30% de estos recursos en obras públicas, evidenciando una gestión ineficiente que paraliza inversiones.

En la reciente cumbre Perumin 37, expertos alertaron sobre cómo la extracción ilegal amenaza el patrimonio inca, expone la debilidad institucional y frena el desarrollo sostenible de Cusco.

Por años se ha repetido la idea de que el territorio peruano se encuentra totalmente entregado a la actividad minera de unos pocos. Pero las cifras oficiales muestran otra historia: la mayor parte del país no está bajo concesión y, de lo que sí lo está, apenas una fracción mínima del 2% se encuentra en operación activa.

Las denuncias por minería ilegal en Perú han experimentado un incremento drástico, pasando de 695 en 2020 a 2,034 en 2024, revelando fallos en la vigilancia estatal y un impacto devastador en el medio ambiente y comunidades locales.

La región San Martín enfrenta una crisis por el avance de la minería ilegal en el distrito de Shunte, Tocache. A pesar de un nuevo juzgado ambiental y pedidos de emergencia, la inacción estatal y la falta de datos actualizados limitan la respuesta frente a un delito que amenaza ríos, bosques y comunidades indígenas.

La propuesta del Ejecutivo incluye trazabilidad en tiempo real, control de insumos, incentivos y apoyo financiero a pequeños productores. Desde el sector privado, la Asociación de Contribuyentes del Perú promueve el Programa MANA, una alternativa técnica para resolver el principal problema en el sector: la superposición de suelos por parte de mineros informales en concesiones formales.

La Asociación de Contribuyentes del Perú ha elaborado una propuesta técnica denominada “Programa MANA”, que plantea nuevas áreas de exploración minera para enfrentar el problema estructural de la informalidad e ilegalidad en la minería peruana.

Mientras las pérdidas fiscales aumentan, los bloqueos de vías se intensifican y las mafias se fortalecen, el Gobierno vuelve a ceder ante la presión, debilitando así su propia autoridad frente a la minería ilegal.

La Asociación de Contribuyentes del Perú propone una serie de medidas para enfrentar la minería ilegal con incentivos, trazabilidad y fiscalización efectiva. Con voluntad política, coordinación institucional y apoyo multisectorial, este problema crítico podría erradicarse.

La minería ilegal opera con retroexcavadoras, rutas clandestinas y amenazas. El Estado, en lugar de enfrentarla y fortalecer las labores de la PNP que la combate, la protege con la ampliación de un Reinfo colapsado. Y el medio ambiente se sigue destruyendo.

Mientras que el Ministerio de Energía y Minas amplía el Reinfo, en Cenepa los mineros ilegales han llegado con violencia, contaminación y estrategias para quedarse.

Máximo Gallo es un hombre clave en las recientes discusiones sobre los pequeños mineros y mineros artesanales, el Reinfo y la Ley MAPE. Pero su estrecho vínculo con un gremio de mineros informales ha sembrado dudas sobre su labor a favor de una formalización minera responsable y de la lucha contra la minería ilegal. Y todo esto bajo el silencio del ministro Jorge Montero.

El ministro Jorge Montero persiste en ampliar el REINFO hasta finales de año. Además, sigue en silencio frente al predictamen de la llamada Ley MAPE que, según los expertos, tampoco garantizará la reducción de la informalidad del sector ni la eliminación de la minería ilegal.

Aunque promete formalizar la minería artesanal, el predictamen de la Ley MAPE en realidad repite los errores del pasado. Crea un nuevo registro sin reglas claras, abre la puerta a la minería en zonas prohibidas, debilita los controles ambientales y hasta perdona delitos.

Mientras el precio del oro sigue en ascenso, la minería ilegal se expande sin freno en el Perú. Esta actividad no solo genera pérdidas millonarias, sino que devasta ecosistemas, contamina fuentes de agua y pone en riesgo el patrimonio cultural del país.

Mientras el Gobierno amplía un REINFO que ha demostrado ser ineficiente y ahora permite su herencia, una nueva propuesta busca corregir el rumbo: otorgar un título estable a los pequeños mineros con trayectoria comprobada, sin depender de contratos con concesionarias, pero bajo reglas exigentes y con compensación económica. Una posible salida al entrampamiento actual de la formalización minera.

El asesinato de 13 mineros en Pataz volvió a poner en la mira al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), un sistema que, lejos de cumplir con su objetivo, ha permitido que miles de mineros operen sin supervisión efectiva y al margen de la ley.

El fracaso del REINFO, las limitaciones de la ley MAPE y una nueva propuesta que busca conocer a mineros ancestrales, podría abrir paso a un modelo de formalización más realista. ¿Será esto posible?

A pesar de que la minería ilegal genera un impacto económico de S/ 22,700 millones y está vinculada al incremento de la violencia en regiones como La Libertad, Arequipa y Puno, el presupuesto para enfrentarla sigue en descenso. En algunos casos, las reducciones alcanzan hasta el 50%.

El nuevo titular del MINEM enfrenta dos grandes desafíos tras la controvertida gestión de Rómulo Mucho: desarrollar grandes proyectos mineros y resolver el problema del REINFO.

La minería es una de las actividades económicas más importantes para el país. Sin embargo, las actividades ilegales e informales en este sector generan un impacto negativo. El gerente general del IPE, Carlos Gallardo, reveló que en el 2023, el volumen exportado de oro ilegal alcanzó las 77 toneladas.

CooperAcción publicó un informe con propuestas para mejorar la gobernanza minera en Perú. Sin embargo, un análisis de la Asociación de Contribuyentes del Perú detectó un sesgo en la guía de iniciativas y, por este motivo, propuso mejoras para que las medidas realmente beneficien al sector.

La unidad minera Minera Poderosa continúa siendo el blanco de violentos ataques perpetrados por mineros ilegales que intentan ocupar el espacio concesionado por la empresa para seguir explotando oro. Esto refleja que las medidas impuestas por el gobierno en el marco del Estado de Emergencia no surten el efecto deseado. Recordemos que, según el IPE, el el 45% del oro ilegal en latinoamerica proviene del Perú.

Antauro Humala inició su campaña política amparado a la minería ilegal y, en consecuencia, a otras mafias ligadas a la violencia, el sicariato, el contrabando y la trata de personas. ¿Esta es la clase políticos que se merecen los peruanos?

El sector minero tiene una capacidad inigualable para potenciar la inversión privada en el país y, por ende, el crecimiento económico y el cierre de brechas a nivel nacional. Durante el primer trimestre del año, este sector recaudó  S/2,396 millones por concepto de canon minero, las regalías mineras y el derecho de vigencia y penalidad.

El gerente general del IPE, Carlos Gallardo, reveló que en el 2023, el volumen exportado de oro ilegal alcanzó las 77 toneladas. También advirtió que "ya hay indicios de que existe una minería ilegal de cobre", por lo que es necesario tomar acciones de inmediato. Estas son las cifra.

Una imagen mostró a Veronika Mendoza en un taller donde se afirmó que la minería legal está “en contra del pueblo”. Sin embargo, la realidad evidencia que es la minería ilegal la que golpea a los peruanos mediante atentados a empresas y genera pérdidas al Estado por más de S/22,700 millones al año (2.5% del PBI).

En 2024, el Minem dispone de S/20.7 millones para formalizar a los mineros artesanales y S/2.9 millones para evitar que la minería ilegal gane más terreno. Sin embargo, estos fondos serían insuficientes. Cabe recordar que,  hasta noviembre del 2023, se registró que esta práctica ilegal lavó activos por US$805,780,835 y ocupó más de 25 millones de hectáreas a nivel nacional.

Los contribuyentes peruanos debe exigir al gobierno contar con estrategias preventivas que cesen la minería ilegal que solo petardean la inversión privada, la creación de empleo formal y el cuidado de nuestros ecosistemas. Un dato a tomar en cuenta es que los recursos para luchar contra la minería ilegal representan solo el 0.49% del presupuesto total para Orden y Seguridad.

El cabecilla etnocacerista brindó una serie de declaraciones durante su paso por Cajamarca. Aseguró que la minería ilegal e informal contribuye con el tesoro público y es menos lesiva con el ambiente que la minería formal. Asimismo, afirmó que, si llegase a ocupar un cargo público, indultaría al golpista Pedro Castillo, quien cumple 36 meses de prisión preventiva por el presunto delito de rebelión.

La Libertad estima pérdidas por hasta S/7 millones desde la declaratoria de estado de emergencia en febrero de 2024. Según lo mencionado por el presidente de la Cámara de Comercio de la región, Alfonso Medrano, esto se debe que los agentes del orden no cuentan con un plan estratégico para combatir la delincuencia. Economía en Arequipa podría encontrarse en peligro debido a la misma medida de cara a la celebración del APEC 2024.

La economista de la Asociación de Contribuyentes del Perú, Camila Costa, analizó que con Reinfo se le abrió paso a un espacio de institucionalización de la ilegalidad e informalidad dado que los mineros informales se siguen registrando y operan sin que se sepan mayores datos de cómo operan. Ahora, Mucho buscará contrarrestar la situación. 

Congreso le allanó el camino a la minería ilegal. Minería formal reclama más atención y gremios exhortan al Ejecutivo a observar la norma para evitar que las mafias ilegales ganen terrenos en nuestro país.

Gremios como la Confiep, SNMPE y Comex Perú lamentaron que la medida adoptada por el Congreso "represente un retroceso en la lucha contra la que es hoy la primera economía criminal en el Perú, que es la minería ilegal, superando al narcotráfico".

El decreto establece que los mineros con reinscripción suspendida en el Reinfo tienen 90 días para levantar la suspensión, de lo contrario se encaminarán hacia la ilegalidad. La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú ya anunció nuevas protestas. 

La Comisión Permanente del Congreso analizará el dictamen que incorpora nuevos requisitos y amplía, nuevamente, el plazo de inscripción por 90 días al Registro Integral de Formalización Minera. Expertos aseguran que esto le abre paso a la minería ilegal, la cual ha lavado activos hasta por US$805,780,835 en 2023.

En los últimos tres años, la expansión explosiva de la economía criminal ha tenido consecuencias graves: un aumento de 1% en las tasas de homicidios reduce la tasa de crecimiento del PBI en 0,3%. *

La minería ilegal ganó terreno. Según datos de la SBS, la actividad ilícita habría movido entre 2020 y noviembre del 2023 alrededor de US$ 2,392.5 millones. En tanto, el gobierno nacional implementó medidas para evitar que siga creciendo. 

Mientras la minería ilegal y la informal destruyen el país o no respetan las reglas de juego, políticos, académicos y ONGs dedican su energía a atacar la minería formal.*

El terrible atentado perpetrado por un grupo de criminales ligado a la extracción ilegal de minerales evidenció cómo está problemática se desbordó gracias, también, a la desidia del Gobierno para tomar medidas que frenen esta situación.

El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, afirmó durante el CADE 2023 que se promoverá la depuración del REINFO de aquellos mineros en vías de formalización que mantienen suspendida su inscripción y no realizan acciones orientadas a presentar su instrumento de gestión ambiental.

La minería ilegal está asociada al narcotráfico, el sicariato, la trata de personas y la delincuencia organizada. Además, desde el inicio del siglo ya depredó aproximadamente 2’636,585 hectáreas de bosque.

PNP destruyó maquinaria usada por mineros ilegales valorizada en más de S/300 000. El hecho permite retomar el análisis sobre la situación que afronta Madre de Dios respecto a esta economía criminal que genera violencia y daño al medio ambiente.

Un reciente análisis de la Asociación de Contribuyentes muestra que existe una correlación entre minería ilegal, minería informal, producción de hoja de coca y niveles altos de violencia.

Un documento evidencia a todas luces el vínculo cercano de Castillo con una de las actividades que más perjudica al país, pero esta no es reciente. En diciembre de 2021, el gobierno promulgó la Ley 31388, que amplía hasta el 2024 el plazo de formalización minera para los pequeños mineros y mineros artesanales que operan al margen de la legalidad. Esta medida se tomó con el respaldo del Ministerio de Energía y Minas, pero con la oposición del Ministerio del Ambiente.