Castillo y la minería ilegal: los vínculos del exmandatario con el sector que financiaría las protestas
Un documento evidencia a todas luces el vínculo cercano de Castillo con una de las actividades que más perjudica al país, pero esta no es reciente. En diciembre de 2021, el gobierno promulgó la Ley 31388, que amplía hasta el 2024 el plazo de formalización minera para los pequeños mineros y mineros artesanales que operan al margen de la legalidad. Esta medida se tomó con el respaldo del Ministerio de Energía y Minas, pero con la oposición del Ministerio del Ambiente.
Adrian Moscoso
Publicado 5:06 pm, 28 Febrero, 2023
La relación entre los mineros ilegales y el expresidente Pedro Castillo va tomando forma y quedando en evidencia. Un reciente informe de Panorama reveló que en el despacho clandestino de Castillo, Sarratea, se encontró un reconocimiento al “presidente del bicentenario José Pedro Castillo Terrones” entregada por el “Comando magisterial minero de campaña de La Rinconada y Lunar de Oro, de la región Puno – Perú”, lugares donde se ubican los más grandes centros de minería informal del país que mueve, según USAID, más de US$ 6 000 millones al año.
Este documento es un indicio importante de porque un grupo de dirigentes radicales de Puno y Madre de Dios están implicados en las protestas y bloqueos en ambas regiones que tienen como finalidad restituir a como de lugar a Castillo en la Presidencia.
Según Perú21, para la Policía, el sector minero de La Rinconada ha sido el encargado de suministrar a manifestantes el material utilizado en la quema de comisarías y otras instituciones públicas en Puno. Ello se respaldaría con la difusión de un chat llamado “El Aymarazo” donde se habla de “quemar la comisaría” y que “La Rinconada va a colaborar con cartuchos”.
“Se va confirmando cada vez más que quienes apoyaron al señor Castillo y después quisieron reponerlo mediante la fuerza de la violencia también ha venido del financiamiento de la minería ilegal, el tema de la tala ilegal. Estamos viendo que estas personas impulsan una agenda política a favor del señor castillo y eso tenemos que revelar siempre”, señaló el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular.
El documento evidencia a todas luces el vínculo cercano de Castillo con una de las actividades que más perjudica al país, pero esta no es reciente. En diciembre de 2021, el gobierno promulgó la Ley 31388, que amplía hasta el 2024 el plazo de formalización minera para los pequeños mineros y mineros artesanales que operan al margen de la legalidad. Esta medida se tomó con el respaldo del Ministerio de Energía y Minas, pero con la oposición del Ministerio del Ambiente.
Además, cabe recordar que la iniciativa fue del congresista Víctor Cutipa, de Perú Libre, y respaldada por una importante facción del Congreso. En pocas palabras, la decisión suponía que quienes se dedican a la minería artesanal no puedan ser investigados por la Fiscalía por el delito de minería ilegal.
Esta situación implicó un importante respaldo para el sector ilegal. SIn embargo, en agosto del 2022, Castillo recibió en Palacio a un grupo de mineros informales y les prometió corregir errores normativos. “Si ha habido errores normativos, habrá que corregirlos inmediatamente. Es importante que sepan que nuestros ministros siempre están en constante evaluación porque los ministerios se deben al pueblo, al país. Es un cargo de confianza y esa confianza se tiene que demostrar”, dijo.
Días después, el 25 de agosto, mineros ilegales prendieron fuego al ingreso de una instalación militar policial en el sector de La Pampa –un día después de una operación de interdicción en el kilómetro 98 de la carretera Interoceánica.
En ese contexto, el 5 de septiembre el gobierno castillista modificó varios decretos supremos para no extender el estado de emergencia en La Pampa, en Madre de Dios, y Alto Nanay, en Loreto. “Los hechos antes narrados han envalentonado a los mineros ilegales, que ya han comenzado a invadir concesiones de mineros informales, o en proceso de formalización. Y lo que está consiguiendo es que en regiones como Madre de Dios impere la ilegalidad al más alto nivel”, señaló César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental.
Por su parte, Manuel Alberto Bedregal, economista y docente de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, dijo que Puno y Madre de Dios son dos regiones que pueden mantenerse paralizadas, debido a que dependen mayoritariamente de la economía ilegal. Precisó que en Puno, por ejemplo, el contrabando, la minería ilegal y el narcotráfico subvencionan a los grupos violentistas.
“Si en el Perú hay el 70% de economía informal en Puno y Madre de Dios, la economía informal debe ser el 99%, por no decir 100. En Puno confluye el contrabando con el tema del narcotráfico que es muy fuerte por allá y el tema de la minería ilegal”, dijo.