A menos de un año de las megaelecciones 2026, la ONPE informó que el número de miembros de mesa aumentará para reducir tiempos, debido a la complejidad de los próximos comicios. 

Según el semanario Hildebrandt en sus trece, un informe realizado por DIGESA en 2022, que se mantuvo oculto hasta la fecha, reveló que el agua potable de miles de hogares del país estaría contaminada. 

El Congreso debe actuar y debatir el dictamen que evitará que sentenciados por delitos graves como terrorismo, homicidio y otros tienten altos cargos públicos en las elecciones 2026. Diversas entidades públicas también se pronunciaron.

En Perú, los partidos políticos no pueden recibir altas sumas de dinero por parte de empresas privadas, debido a los topes máximos de entrega de donativos impuestos por la Ley. Esto orilla a que las organizaciones políticas reciban fondos a través de canales informales, los cuales muchas veces provienen de economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y las redes criminales.

La primera mitad del 2024, los 10 partidos políticos se dividirán 7, 798,001.64 soles, proveniente de los impuestos de los peruanos con la finalidad de capacitar a sus militantes, eventos propios de los partidos y otros. Sin embargo, el dinero estaría siendo mal usado en partidos como Perú Libre que destinó miles de soles en efectivos al pago de Vladimir Cerrón.

Un informe del INEI detalla que el Reniec cuenta con un nivel de confianza entre los peruanos de 50.9%. Entre las entidades públicas con una tasa de desconfianza muy alta se encuentran los Partidos Políticos, el Congreso y los Gobiernos Regionales.

Las iniciativas fueron presentadas desde Fuerza Popular y Acción Popular tienen el objetivo de que los altos funcionarios de los organismos electorales. Esto tras la exhortación que hizo el Tribunal Constitucional  a reformar el artículo 99 de la Constitución Política del Perú.