La reasignación de 386 mesas a pocos días de la elección vuelve a mostrar fallas de organización, pero también recuerda que un votante informado es la mejor defensa: verificar hoy tu local de votación es la forma más efectiva de proteger tu derecho al sufragio y evitar que la desinformación o el desorden te dejen sin votar.

El paro agrario ha generado bloqueos en cinco regiones del país, afectando la economía local, el abastecimiento de alimentos y la distribución del material electoral a pocos días de la segunda vuelta. Las pérdidas se acumulan, los mercados empiezan a sentir el impacto y la logística electoral enfrenta riesgos en zonas donde las vías permanecen cerradas.

Las dudas sobre el proceso electoral conviven con un problema mayor: un Estado que incrementa planillas, acumula obligaciones permanentes, ejecuta casi nada en obras y endurece la fiscalización contra ciudadanos y emprendedores. La brecha entre gasto y resultados se agrava mientras no hay claridad institucional.

La aparición simultánea de miles de actas con prefijo 900,000 en la madrugada del 15 de abril ha generado dudas sobre su procesamiento. No se cuestiona su existencia previa, sino la forma en que fueron incorporadas al cómputo. La falta de explicaciones técnicas de los organismos electorales mantiene abierta la controversia.

Las fallas tecnológicas y logísticas reconocidas por ONPE y JNE han abierto un debate sobre la validez de la primera vuelta. Diversos actores plantean que el amparo y las denuncias ante el Órgano de Control del JNE son vías constitucionales para exigir que se proteja el derecho al voto.

La decisión del JNE de no repetir la votación mantiene abierta una crisis marcada por fallas operativas, vacíos legales y miles de ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho al voto, mientras el sistema electoral sigue bajo fuerte cuestionamiento público.

Una secuencia de errores logísticos, medidas extraordinarias y tensiones institucionales marcó el reciente proceso electoral. Miles de ciudadanos vieron afectado su derecho al voto, se abrieron investigaciones y el cómputo avanzó sin cerrar la crisis de confianza.

La elección del 2026 dejó en evidencia que la ONPE no pudo cumplir su función más básica: garantizar que todos los ciudadanos puedan votar. Las fallas de gestión, supervisión y control terminaron afectando derechos fundamentales y debilitando la confianza en el sistema electoral.

La peor falla electoral reciente no ocurrió en zonas alejadas, sino en Lima: una cadena de errores, alertas ignoradas y decisiones tardías pone en cuestión la capacidad de la ONPE para resguardar la legitimidad del proceso.

Con 37 organizaciones políticas definidas —34 partidos y 3 alianzas—, la carrera hacia el sillón presidencial para las Elecciones 2026 empieza a perfilarse. Tras las primarias, la ONPE remitió los resultados al JNE y ahora las agrupaciones tienen hasta el 23 de diciembre para completar el registro de sus listas oficiales.

Una reciente encuesta revela que la mayoría de peruanos aún no define su voto, en un escenario marcado por descontento, candidatos populistas y baja información sobre el proceso electoral.

Las denuncias por afiliaciones indebidas a partidos políticos han marcado la pauta del inicio de un proceso electoral con gran proliferación de partidos políticos. 

A menos de un año de las megaelecciones 2026, la ONPE informó que el número de miembros de mesa aumentará para reducir tiempos, debido a la complejidad de los próximos comicios. 

Según el semanario Hildebrandt en sus trece, un informe realizado por DIGESA en 2022, que se mantuvo oculto hasta la fecha, reveló que el agua potable de miles de hogares del país estaría contaminada. 

El Congreso debe actuar y debatir el dictamen que evitará que sentenciados por delitos graves como terrorismo, homicidio y otros tienten altos cargos públicos en las elecciones 2026. Diversas entidades públicas también se pronunciaron.

En Perú, los partidos políticos no pueden recibir altas sumas de dinero por parte de empresas privadas, debido a los topes máximos de entrega de donativos impuestos por la Ley. Esto orilla a que las organizaciones políticas reciban fondos a través de canales informales, los cuales muchas veces provienen de economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y las redes criminales.

La primera mitad del 2024, los 10 partidos políticos se dividirán 7, 798,001.64 soles, proveniente de los impuestos de los peruanos con la finalidad de capacitar a sus militantes, eventos propios de los partidos y otros. Sin embargo, el dinero estaría siendo mal usado en partidos como Perú Libre que destinó miles de soles en efectivos al pago de Vladimir Cerrón.

Un informe del INEI detalla que el Reniec cuenta con un nivel de confianza entre los peruanos de 50.9%. Entre las entidades públicas con una tasa de desconfianza muy alta se encuentran los Partidos Políticos, el Congreso y los Gobiernos Regionales.

Las iniciativas fueron presentadas desde Fuerza Popular y Acción Popular tienen el objetivo de que los altos funcionarios de los organismos electorales. Esto tras la exhortación que hizo el Tribunal Constitucional  a reformar el artículo 99 de la Constitución Política del Perú.