La ONPE y la elección que evidenció, otra vez, la ineficiencia del Estado

Las Elecciones Generales de 2026 dejaron al descubierto una falla estructural del Estado peruano: su incapacidad para gestionar servicios públicos esenciales incluso después de años de preparación. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), cuya única misión es organizar un día de votación cada cinco años, no logró garantizar el derecho básico al sufragio. Lo que debía ser un proceso previsible terminó convertido en una jornada marcada por improvisación, retrasos y decisiones que hoy están bajo investigación.

Un problema que comenzó mucho antes

Los problemas comenzaron antes del 12 de abril. El proceso de selección de la empresa encargada del transporte del material electoral —Servicios Generales Galaga— generó cuestionamientos desde el inicio. Aunque era la opción más cara, ganó el contrato en un concurso donde las empresas competidoras denunciaron criterios inconsistentes. Hermes, una de las postoras, señaló que la ONPE redujo arbitrariamente las dimensiones registradas de sus vehículos, pese a que los términos de referencia exigían usar únicamente la información consignada en la tarjeta de circulación. Ese tipo de decisiones alimentó dudas sobre la transparencia del proceso y sobre la capacidad de supervisión del organismo electoral.

El día de la elección confirmó los temores. Miles de mesas no pudieron instalarse a las 7:00 a.m., como exige la ley. En distritos como San Juan de Miraflores, Lurín, Pachacámac, Surco, Miraflores y Magdalena, el material electoral llegó con horas de retraso. Las consecuencias fueron inmediatas: colas interminables, desorden y ciudadanos que tuvieron que abandonar los locales sin poder votar. Pasadas las 2 p.m., la propia ONPE reconoció que más de 63,000 personas en Lima Metropolitana no pudieron ejercer su derecho por falta de material indispensable. En un país donde el voto es obligatorio, esta no es una falla técnica: es una vulneración directa del servicio público más básico en democracia.

Respuestas insatisfactorias; consecuencias graves

La respuesta institucional fue igual de problemática. La Junta Nacional de Justicia abrió una investigación preliminar contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, por presuntas faltas graves que habrían afectado el derecho al voto y “menoscabado la dignidad del cargo”. El Jurado Nacional de Elecciones presentó una denuncia penal contra Corvetto y otros funcionarios. La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional lo citó como parte de una investigación por fallas técnicas y logísticas. La sede de la ONPE fue allanada y el exgerente de Gestión Electoral, José Samané Blas, fue detenido tras renunciar horas antes, aumentando las dudas sobre la cadena de responsabilidades internas.

Corvetto intentó atribuir los retrasos a la empresa Galaga. Sin embargo, los abogados de la transportista afirmaron que cumplieron con los horarios de recojo y despacho, y que las demoras se originaron dentro de la ONPE. Especialistas y exfuncionarios respaldaron esta versión: Fernando Tuesta Soldevilla recordó que la supervisión del traslado del material es indelegable; Percy Medina señaló que la ONPE debió anticipar riesgos; José Tello Alfaro afirmó que la magnitud de los retrasos no puede atribuirse solo a un proveedor; Jorge Jáuregui cuestionó la ausencia de protocolos de contingencia; y Milagros Suito enfatizó que la cadena de custodia es responsabilidad exclusiva del organismo. A ellos se suman José Manuel Villalobos, Julio Silva, Carlo Magno Salcedo, Jorge Aragón y Samuel Rotta, quienes coinciden en que hubo fallas estructurales de supervisión y control.

La crisis de la ONPE en 2026 no es un episodio aislado: es un recordatorio de que cuando el Estado gestiona mal, los ciudadanos pagan el costo. Miles no pudieron votar, se desperdiciaron recursos públicos y se debilitó la confianza en el sistema electoral. La legitimidad de un proceso democrático no depende solo de los votos, sino de la capacidad del Estado para garantizar que esos votos puedan emitirse. Y esta vez, esa capacidad falló.