Las actas 900,000: las preguntas que ONPE y JNE aún no responden

La madrugada del 14 al 15 de abril, alrededor de 4,700 actas con el prefijo 900,000 ingresaron al sistema de cómputo en un mismo rango de tiempo. Este bloque modificó el orden de candidatos y colocó a Roberto Sánchez en segundo lugar. Las actas con el prefijo 900,000 existen desde hace años y forman parte del material electoral de contingencia. Es decir, se usan cuando las actas asignadas originalmente a una mesa no pueden usarse. Sin embargo, el debate no gira en torno a su existencia, sino a las condiciones bajo las cuales fueron procesadas, digitalizadas y validadas.

Uno de los cuestionamientos principales es la duplicidad de registros. Algunas de estas actas corresponden a centros poblados cuyos votos ya habían sido contabilizados previamente, lo que plantea dudas sobre la logística de traslado y la razón por la cual se habrían procesado dos veces. A ello se suma la ausencia de una resolución pública que disponga su impresión o ubicación, lo que impidió que partidos y personeros supervisar su uso. La falta de trazabilidad documental es un vacío que los organismos electorales aún no han aclarado.

Otro punto crítico proviene de observaciones periciales. Según el candidato al Senado, Calisto Giampietri, un perito judicial reportó que varias firmas en estas actas no corresponderían a los presidentes de mesa asignados, lo que sugiere que terceros habrían firmado en su nombre. Además, el conteo de votos se publicó la madrugada del 15, pero las imágenes de las actas aparecieron dos o tres días después, dificultando el cotejo en tiempo real. Algunas de estas actas presentaron fallas o inconsistencias al momento de su publicación, lo que incrementa la necesidad de una revisión técnica independiente.

El comportamiento estadístico de estas mesas también ha sido objeto de análisis. En varios casos, los resultados difieren significativamente de mesas ubicadas supuestamente en el mismo local electoral, con variaciones de hasta 40% a favor de un candidato. Este patrón atípico no ha sido explicado por ONPE ni por el JNE. A ello se suma que no se han mostrado públicamente las aproximadamente 235,000 cédulas físicas que deberían respaldar estos votos, pese a que ya no se destruyen y deberían estar disponibles para auditoría.

Renovación Popular y otros actores han solicitado información formal a ONPE y JNE, pero no han recibido respuestas detalladas. Algunos especialistas han intentado refutar los cuestionamientos, pero sin abordar los puntos específicos planteados. La ONG Transparencia ha señalado que no existe fraude, aunque su presidente mantiene contratos de consultoría con el JNE por montos que no requieren concurso público, lo que ha generado críticas sobre posibles conflictos de interés.

La pregunta de fondo es cuándo debe investigarse: antes o después de proclamar resultados. La oportunidad es un componente esencial de la justicia electoral. Una revisión exhaustiva permitiría despejar dudas y fortalecer la legitimidad del proceso. Si ONPE y JNE explican cada punto con claridad, contribuirán a restaurar la confianza ciudadana. Si no lo hacen, la incertidumbre persistirá y la polarización se profundizará en un momento en que el país necesita certezas institucionales.