Elecciones 2026: línea de tiempo de la crisis que desbordó al sistema

Las Elecciones 2026 mostraron sus primeras fallas antes de la apertura de mesas. En la víspera, la empresa encargada de distribuir el material electoral, Galaga, advertía internamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre retrasos logísticos por falta de carga. Días después, la difusión de videos evidenció unidades listas para salir, pero sin cédulas ni actas. El 12 de abril, el problema se trasladó a los locales de votación: cientos de mesas no lograron instalarse a tiempo, muchas abrieron con hasta cuatro horas de retraso y 211 no abrieron en absoluto. Se estima que alrededor de 850,000 personas se vieron afectadas, de las cuales 63,000 correspondían a mesas que nunca llegaron a instalarse.

La ONPE reconoció “incidencias logísticas”, mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) autorizó ampliar la votación al 13 de abril para las mesas no instaladas. La votación ampliada se realizó bajo el Decreto Supremo 053-2026-PCM. Se habilitó el sufragio para los electores de las mesas afectadas, pero persistieron problemas de instalación y baja afluencia. Ese mismo día, renunció y fue detenido Luis Samamé, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, pero la medida no logró restablecer las condiciones de la jornada original.

En los días siguientes, la crisis se trasladó al plano institucional. El 14 de abril, Piero Corvetto acudió al Congreso y admitió fallas administrativas, mientras la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le otorgó un plazo de 10 días para presentar sus descargos. La ONPE continuó reportando avances del conteo, mientras se acumulaban miles de actas observadas y organizaciones civiles denunciaban la afectación del derecho al voto. El 15 de abril, la empresa Galaga atribuyó a la ONPE la responsabilidad por la demora en la entrega del material electoral, mientras juristas advertían que la ampliación del voto podía constituir causal de nulidad y comenzaban a presentarse pedidos formales para anular el proceso.

Lluvia de pedidos de nulidad y elecciones complementarias

El 16 de abril, con alrededor del 85% de actas procesadas, surgieron cuestionamientos sobre la cadena de custodia. Se difundieron imágenes de material electoral sin resguardo en Surquillo y el presidente del JNE, Javier Arévalo Burneo, señaló que las actas habían sido trasladadas en vehículos particulares sin resguardo policial ni fiscalización del organismo. Para entonces, las actas observadas ya superaban las 5,000. El 17 de abril, los pedidos de nulidad superaron los 60 y el debate dejó de centrarse en la logística para trasladarse a la legitimidad del proceso. El 18, la JNJ abrió investigación preliminar contra Corvetto y desde el JNE se proyectó que los resultados finales podrían conocerse a mediados de mayo.

El 19 de abril se realizó una movilización en Lima, inicialmente impulsada por Rafael López Aliaga, pero con participación diversa, centrada en la afectación del derecho al voto. Al día siguiente, comenzó a discutirse la posibilidad de realizar elecciones complementarias para los ciudadanos que no pudieron votar, mientras analistas advertían dificultades legales, operativas y el impacto de un calendario reducido para la segunda vuelta.

Quiebre institucional y sistema electoral colapsado

El 21 de abril, Piero Corvetto presentó su renuncia a la jefatura de la ONPE, la cual fue aceptada por la JNJ, y asumió el gerente general del organismo. Ese mismo día, los pedidos de nulidad superaron los 80 y se planteó la necesidad de una auditoría independiente del proceso logístico. El 22 de abril, el Pleno del JNE evaluó los escenarios y cuestionó que la ONPE no hubiera remitido la totalidad de actas observadas, retrasando su revisión.

El 23 de abril, la ONPE culminó el conteo regular de actas, pero el resultado sigue sin definirse por el volumen de actas observadas, manteniendo abierta la disputa por el segundo lugar. El 24 de abril, la crisis escaló al plano penal: la Fiscalía y la Policía allanaron la vivienda de Piero Corvetto y otros inmuebles vinculados a la investigación, incluida la empresa Galaga. El Poder Judicial autorizó las diligencias, pero rechazó la detención preliminar del exjefe de la ONPE. Ese mismo día, el Pleno del JNE declaró inviable la realización de elecciones complementarias dentro del proceso en curso, descartando una de las principales salidas planteadas tras la jornada.

Entre fallas operativas, decisiones excepcionales y responsabilidades en disputa, laS Elecciones 2026 dejaron de ser solo una jornada electoral para convertirse en una prueba de resistencia institucional cuya legitimidad aún no termina de resolverse.