Aunque Ica recibió S/ 670 millones por canon minero en 2025, gran parte de sus proyectos siguen detenidos por mala gestión, conflictos legales y un historial de corrupción que frena el desarrollo regional.

La región altiplánica ha recibido más de 372 millones de soles por canon y regalías mineras entre enero y agosto de 2025, pero solo ha ejecutado alrededor del 30% de estos recursos en obras públicas, evidenciando una gestión ineficiente que paraliza inversiones.

La región sigue recibiendo millonarios recursos del canon minero, pero enfrenta una baja ejecución presupuestal, obras paralizadas por más de S/ 7,700 millones y denuncias por corrupción y mala gestión.

Las extorsiones se disparan en Ica mientras las bandas criminales operan con impunidad. Entre amenazas, actos violentos y proyectos inconclusos, el Estado se consume en trámites burocráticos, y la inseguridad golpea el corazón agroexportador del sur peruano, frenando inversiones y dejando a miles bajo el miedo cotidiano.

El presupuesto regional para Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco y Puno crece 8,6% en 2026, pero solo 30% se destina a obras públicas. Al mismo tiempo, más de 500 proyectos de inversión permanecen paralizados, frenando el cierre de brechas en salud, educación e infraestructura.

Gobiernos regionales de La Libertad, Piura y Lambayeque destinan más del 60% de fondos a planillas, mientras la ineficiencia en la ejecución de sus presupuestos paraliza proyectos clave.

A pesar de transferencias millonarias al UNOPS y procesos de licitación en curso, la obra civil del hospital "Santiago Apóstol" en Utcubamba-Bagua Grande sigue sin iniciar, lo que despierta preocupaciones sobre la eficiencia en el manejo de recursos públicos. En un contexto de vigilancia estatal y lucha anticorrupción, recordamos que el dinero del Estado no existe: solo existe el dinero del contribuyente, destinado a mejorar la salud de la población amazónica.

En los últimos tres años, los gobiernos locales acumularon la mayor cantidad de obras paralizadas. Proyectos inconclusos que tienen un impacto directo en la prestación de servicios a la población.

Cada obra paralizada representa un impacto social, económico y de desarrollo. Según la Contraloría General de la República, en el último año el país perdió S/ 43,555 millones por obras paralizadas. Además, un saldo a ejecutar de S/ 19,179 millones. El incumplimiento de contratos (24%) y la falta de liquidez (22%) son las principales causas de la paralización de obras públicas.

Hay 2,324 obras paralizadas con una inversión superior a los S/33,000 millones. Cusco y Puno son las regiones con mayor número de proyectos sin concluir. Los sectores más afectados son Transportes, Vivienda, Educación, Agricultura y Energía y Minas.

La nueva Ley de Contrataciones Públicas busca optimizar la ejecución de presupuesto, proveniente del bolsillo de los contribuyentes, y mejorar la calidad de las obras que promueve el Estado en favor de la población y desarrollo del país.

Sin embargo, surgen las siguientes preguntas como, por ejemplo, si las sanciones a cargo de la CGR ¿servirán acaso para reiniciar las obras paralizadas? ¿Serán suficientes las medidas punitivas para desincentivar la ocurrencia de actos corruptos?*

Cusco tiene la mayor cantidad de obras paralizadas, seguido por Puno, Áncash, Cajamarca y Ayacucho. Sumando los costos actualizados de las miles de obras paralizas suman S/26,992,199,613. Entre las principales razones por las que se paraliza una obra está el incumplimiento de contrato, la falta de recursos financieros y liquidez, y las discrepancias, controversias y arbitrajes.

La situación negativa también se reflejó en la disminución del consumo interno de cemento en 8,68% debido al menor dinamismo de la actividad constructora en el desarrollo de obras privadas y de autoconstrucción. 

Arequipa suma 71 proyectos sin concluir hasta junio del 2023. El monto restante por ejecutar equivale a un total de S/428,833,956. Recordemos que 1,826 obras se mantienen paralizadas a nivel nacional con una inversión pública que supera los S/24,090 millones.

Ayacucho es la cuarta región con el mayor número de obras paralizadas en 2023. En total, se tratan de 120 proyectos inconclusos que evitan que los ciudadanos de la región cuenten con mejores sistemas de agua y desagüe, riego, salud y educación.

Cusco acumula un total de 293 proyectos inconclusos, los cuales representan una inversión pública de S/580,602,854.

La inversión pública en estas obras paralizadas supera los S/24,090 millones. Recordemos que este dinero proviene del bolsillo de los contribuyentes, quienes no reciben servicios de calidad debido a la pésima gestión de las autoridades.

La segunda razón  por la que una obra paraliza son los incumplimientos de contrato. Hasta junio de este año 273 obras se paralizaron por ese motivo, sumando un costo actualizado de S/8,881,813,996

El sector con más obras paralizadas es Transportes y Comunicaciones con 485. La mayor cantidad de obras paralizadas están en Cusco, Puno y Áncash.

1,746 obras se encuentran paralizadas a nivel nacional, según información de la Contraloría. De acuerdo con el director de CAPECO, muchas de ellas se encuentran en stand by por irregularidades en el expediente técnico o casos de corrupción, pero también porque no pueden ser concluidas debido a que el Estado no reconoce el incremento del precio de los materiales de construcción.

La región tiene un avance de apenas 8%. Además, se encontró que 350 funcionarios son presuntos responsables de hechos irregulares en la región.

De acuerdo a las cifras, la región con mayor cantidad de obras paralizadas es Cusco con 297. Le siguen Puno con 220, Apurímac y Arequipa. Además, Macronorte tiene 180.

La región tiene un presupuesto sin ejecutar de S/ 203,442,847  y un avance de apenas 7%. Además, se encontró que 170 funcionarios son presuntos responsables de hechos irregulares en la región. Entre las obras paralizadas está el mejoramiento de 7 instituciones educativas de nivel primario.

La región tiene un presupuesto sin ejecutar de S/ 415,492,443 y un avance de apenas 7.2%. Además, se encontró que 450 funcionarios son presuntos responsables de hechos irregulares en la región. Entre las obras paralizadas están la renovación y el mejoramiento del servicio de agua potable en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional San Antonio Abad, un sistema de riego y dos centros educativos sin completar.

La región tiene un presupuesto sin ejecutar de S/ 523,796,097 y un avance de apenas 4.4%. Además, se encontró que 595 funcionarios son presuntos responsables de hechos irregulares en la región. Entre las obras paralizadas están la construcción de la sala de emergencia materno prenatal y la unidad UCI del Hospital Carlos Monge Medrano y la construcción del drenaje pluvial de Juliaca.