Abogado de Castillo confirma recurso de nulidad para frenar investigación de fiscal de la Nación
La defensa legal del mandatario anuncia que si esta medida no prosperara, de inmediato presentará una acción de tutela de derechos ante el Poder Judicial. También cuestionó el nuevo allanamiento del Ministerio Público en Palacio por caso de contrataciones irregulares.
Tal como lo había adelantado, Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, confirmó que este martes 31 de mayo, a primera hora, presentará un recurso de nulidad ante la Fiscalía de la Nación para que se deje sin efecto la decisión de investigar al jefe de Estado, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, con el objetivo de que la pesquisa se suspenda hasta que concluya su mandato.
Según la defensa legal del mandatario, la decisión del titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, viola supuestamente el artículo 117 de la Constitución, que prohíbe que el presidente de la República sea acusado durante su gestión, salvo por traición a la patria, por impedir elecciones, disolver el Congreso ilegalmente o impedir su funcionamiento y el de los órganos electorales.
«No es un asunto de ‘nada debe, nada teme’. Se debe respetar la Constitución, por lo que vamos a presentar el recurso de nulidad», alegó Espinoza.
Pero lo cierto es que ese artículo 117 no menciona expresamente que al presidente no se le pueda investigar, y la decisión del magistrado Sánchez se sustenta en esa interpretación, que diversos especialistas consideran válida, más aún si se tiene en cuenta los nuevos elementos que implican directamente a Castillo en la trama de corrupción que se indaga en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
El abogado del presidente adelantó que si el recurso de nulidad no prospera, acudirá al Poder Judicial para que un juez de investigación preparatoria pueda analizar una tutela de derecho, con el mismo objetivo.
Espinoza también cuestionó el nuevo allanamiento del Ministerio Público en Palacio por el caso de las contrataciones irregulares. «En Palacio de Gobierno se alojan secretos de Estado. Los órganos de justicia deben seguir otro tipo de procedimientos. La Fiscalía no puede entrar a Palacio como si fuera cualquier otro lugar», refirió.
Se complica la situación del mandatario
Con la decisión de la Fiscalía de la Nación, que se oficializó este domingo 29 de mayo, Castillo se convirtió en el primer mandatario peruano en ser investigado durante el ejercicio de sus funciones, debido a las nuevas evidencias y testimonios que lo vinculan a la presunta organización criminal que operó en el MTC para direccionar obras públicas.
Uno de esos elementos es el audio difundido por Willax en el que se escucha, presuntamente, al detenido empresario Zamir Villaverde, sindicado operador del mandatario, y al prófugo exsecretario presidencial Bruno Pacheco, cómo se repartirían cargos en los ministerios de Vivienda y Transportes para lucrar con obras.
Lo que esa grabación evidencia refuerza la tesis fiscal que se sustenta en la versión que ya había revelado la colaboradora eficaz Karelim López, quien además entregó documentos que probarían su denuncia y que fue confirmada luego por otros dos testigos claves del Ministerio Público. Es decir, las piezas de esa trama corrupta empiezan a cuadrar.
A esto se suma que un nuevo colaborador eficaz, con clave CE-02-5D-2FPCEDCF-2022, declaró ante la fiscal Karla Zecenarro que el empresario Villaverde entregó S/30 mil a Pedro Castillo, a través de Juan Silva, cuando este aún era titular del MTC.
“El entonces ministro Silva habría llamado a Zamir Villaverde para solicitarle la suma de S/30 mil, citándolo en su departamento en el Cercado de Lima, siendo al día siguiente de la llamada que el citado empresario habría hecho entrega de los S/30 mil en el lugar señalado, circunstancias en las cuales este último [Silva] le habría mencionado a Zamir Villaverde que ese dinero era para el presidente Pedro Castillo”, se lee en la disposición emitida por el fiscal de la Nación.
Ese testigo clave señaló también que, entre noviembre y diciembre del año pasado, Silva Villegas le solicitó S/50 mil a Villaverde García, a quien citó en su departamento en el Cercado de Lima. El empresario terminaría dándole el doble: S/100 mil.
Esto coincide con el hecho de que el entonces ministro Silva tenía, a octubre de 2021, una deuda de S/95,153, según un reporte de Infocorp difundido “Cuarto Poder”, la cual pagó en su totalidad un mes después.