El diagnóstico preliminar identifica problemas en educación, salud, infraestructura y administración pública. Parte de los hallazgos coincide con informes de control, mientras que otros aún deberán ser sustentados cuando se publique el reporte final.

El Presupuesto 2026 prioriza más sueldos y burocracia frente a inversión pública, pese a servicios estancados, baja ejecución de obras, alta carga regulatoria y pérdidas millonarias de Petroperú. La Asociación de Contribuyentes del Perú advierte que los ciudadanos financian un aparato estatal gigante que devuelve cada vez menos.

La economía cusqueña atraviesa su período más prolongado de contracción desde la pandemia. La caída del turismo, la menor inversión pública y la desaceleración minera han hundido al sur andino en una recesión que amenaza el empleo de miles de personas.

La región que fue ejemplo de diversificación agrícola enfrenta una desaceleración que evidencia los límites de una inversión pública que no logra reactivar su economía. El impacto del clima, la caída del plátano y la palma aceitera, y la falta de gestión eficiente han golpeado a miles de productores rurales.

La región amazónica enfrenta una de las peores contracciones económicas del país: el desplome de la agricultura y del gas natural ha reducido drásticamente los ingresos de miles de familias, mientras la inversión pública tampoco despega.

Gobiernos regionales de La Libertad, Piura y Lambayeque destinan más del 60% de fondos a planillas, mientras la ineficiencia en la ejecución de sus presupuestos paraliza proyectos clave.

Más de 93 mil millones se destinan a sostener al personal estatal y poco más de 50 mil a proyectos de infraestructura. ¿Esa es la prioridad de un país con déficit fiscal y servicios colapsados?

A casi un siglo desde su retorno al Perú, Tacna enfrenta retos importantes en infraestructura, inclusión financiera y servicios públicos, que requieren vigilancia y acción para consolidar su desarrollo sostenible y bienestar ciudadano.

La inversión pública creció 10% en el primer semestre de 2025, pero casi la mitad de los proyectos siguen sin ejecutarse. Los gobiernos locales concentran el mayor presupuesto, pero muestran baja capacidad operativa. La falta de continuidad y seguimiento amenaza el desarrollo de infraestructura clave en el país.

En un país donde el peso de los tributos recae fuertemente sobre los contribuyentes, el Estado parece priorizar el gasto corriente sobre la inversión en infraestructura. Este desequilibrio se refleja en entidades públicas que, lejos de optimizar su gestión, acumulan rescates financieros, ineficiencia y carencias en servicios básicos. ¿Hasta cuándo seguirán pagando los ciudadanos por un sistema que no mejora?

La estructura estatal en Perú se enfrenta a un dilema crítico: mientras el gasto corriente consume la mayor parte del presupuesto, las inversiones en infraestructura, claves para el desarrollo, quedan rezagadas. ¿Es sostenible este modelo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar el crecimiento económico?

Un informe de la Contraloría General de la República reveló que de cada S/100 destinados a inversión pública, el Estado pierde S/12.7 por corrupción. Esto se debe a la pésima gestión de recursos por parte de las autoridades y la comisión de delitos contra la administración pública.

Hay 2,324 obras paralizadas con una inversión superior a los S/33,000 millones. Cusco y Puno son las regiones con mayor número de proyectos sin concluir. Los sectores más afectados son Transportes, Vivienda, Educación, Agricultura y Energía y Minas.

S&P Global Ratings redujo la calificación de Perú de BBB a BBB-. Según la economista de la Asociación de Contribuyentes, Camila Costa, esto significa que el gobierno peruano es visto como una economía que quizás no sea capaz de pagar sus deudas, lo cual desalienta la inversión privada. Aseguró que la única alternativa para revertir esta situación es contar con "personas eficientes en el gobierno”.

Según el MEF, se destinaron S/ 9,537 millones a la ejecución de obras públicas. El gobierno nacional invirtió S/ 4,394 millones, mientras que los gobiernos regionales gastaron en obras públicas S/ 2,240 millones. 

El Anillo Vial Periférico interconectará 34.8 kilómetros de Lima y Callao, lo cual beneficiará a 5 millones de residentes capitalinos. Este megaproyecto generará 70,000 puestos de empleo durante su etapa de construcción y contará con una inversión de US$3,400 millones.

En la actualidad, Perú aún cuenta con proyectos mineros de gran importancia completamente paralizados. Este es el caso de Tía María, Minas Conga y Río Blanco, cuyas inversiones estimadas sumarían US $8,700 millones. 

Los gobiernos regionales gastaron el 55% de los fondos públicos. Las regiones de Arequipa, Junín y Ayacucho registran un avance superior al 70%. 

Para 2024, el monto total asignado a diversos sectores es de S/240,806,216,645. El 65% de esta cifra corresponde al pago de personal y servicios, mientras que el 26% es transferido a la construcción de hospitales, escuelas y carreteras. Anualmente, Perú ejecuta, en promedio, el 86.2% del presupuesto público.

Se reveló que la Dirección General Aeronáutica Civil del MTC no aprobó durante el plazo correspondiente los informes técnicos Planes Maestros de Desarrollo de los aeropuertos de Tarapoto y Pisco, lo que provoca que las obras se retrasen y que los contribuyentes que residen en ambas ciudades no se vean beneficiados con las nuevas y mejores infraestructuras.

El Estado registra un gasto público equivalente a S/151,160 millones durante el primer semestre del 2023. Esta cifra representa un 6.9% más dinero que el similar periodo del año anterior, lo cual refleja una mayor inversión en obras y programas públicos de S/29,532 millones.

El 26% se utiliza para proyectos de inversión pública: hospitales, colegios, pistas, veredas, etc. Es decir, la mayor parte de los recursos del Estado son utilizados para el pago de personas y no para la construcción de activos e inversiones.

La inversión pública en estas obras paralizadas supera los S/24,090 millones. Recordemos que este dinero proviene del bolsillo de los contribuyentes, quienes no reciben servicios de calidad debido a la pésima gestión de las autoridades.

Durante el primer trimestre del 2023, 15 distritos de las regiones Áncash, Cusco, Ica, Moquegua, Tacna y Piura ejecutaron menos del 10% del presupuesto público proveniente del Rubro 18; es decir, del canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Anualmente, estos distritos retornan alrededor del 40% del dinero y no promueven inversiones públicas.