¿La calificación crediticia de S&P desalienta la inversión privada en Perú?

La calificadora crediticia S&P Global Ratings redujo la calificación de Perú de BBB a BBB-, lo que pone en jaque la economía del país en medio de un contexto de incertidumbre política y social. El análisis se basó en los desafíos políticos y económicos que enfrenta nuestro gobierno frente a los entramados de corrupción que involucran a altos funcionarios del Estado y las medidas poco eficientes que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) adoptó para reducir el gasto público.

A una menor calificación, es posible que la inversión privada en el país se reduzca, lo que es equivalente a menos puestos de empleo y, por consiguiente, un crecimiento del índice de informalidad y un mayor porcentaje de la población en situación de vulnerabilidad. Esto también reduce nuestra capacidad para recaudar ingresos fiscales a través de impuestos y desalienta la inversión pública en la construcción de proyectos que satisfagan las necesidades de los ciudadanos como hospitales, colegios o carreteras.

La economista de la Asociación de Contribuyentes, Camila Costa, comentó a Vigilante.pe que esta baja calificación identifica al país como un potencial deudor. Es decir, contar con una “nota baja” representa que quizás Perú no pueda pagar sus deudas a tiempo y, por ende, los inversionistas extranjeros pierdan confianza para inyectar capital en el territorio.

Por este motivo, señaló que es probable que “las tasas de interés que exigen los inversionistas internacionales y locales sean mayores para compensar el riesgo adicional”. Si estas tasas son mayores para el gobierno, la respuesta de nuestras autoridades será imponer una mayor carga tributaria a las empresas formales del país sin considerar sus rangos de rentabilidad, pero bien se sabe que imponer más impuestos a los formales solo generará un efecto contrario: mayor informalidad.

Exigir créditos con tasas de interés elevadas solo desalienta a los inversores a presentarse en las licitaciones públicas para ejecutar obras de gran envergadura, lo cual no solo evita que se creen nuevos puestos de empleo a nivel nacional, sino que pone en riesgo la calidad de vida de los ciudadanos que no cuentan con más y mejores servicios públicos.

Sin embargo, la experta en materia económica señaló que existe una alternativa que podría ayudarnos a revertir esta situación: contar con profesionales capacitados para gestionar adecuadamente los recursos públicos. Si en el gobierno existiesen más funcionarios públicos que actúen de manera estratégica para utilizar adecuadamente el dinero de los contribuyentes, es posible que nuestra calificación varíe en el corto o mediano plazo, pues Perú volvería a transmitir confianza hacia los inversores extranjeros y las fuentes de financiamiento. “Solo necesitamos más personas eficientes en el gobierno”, sentenció.