El Niño: la alerta avanza más rápido que las obras

Piura empezó 2026 con S/1,7 millones asignados dentro del Programa Presupuestal 0068, destinado a reducir la vulnerabilidad y atender emergencias por desastres. Durante la fiscalización realizada por la Contraloría General de la República, la ejecución alcanzaba apenas el 2,1%. En Arequipa, mientras tanto, 54 distritos todavía esperaban ser incorporados a la declaratoria de emergencia para acceder con mayor rapidez a recursos y procedimientos excepcionales. Las dos regiones enfrentan amenazas distintas, pero comparten el mismo problema: la prevención avanza más lento que el riesgo.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, conocida como ENFEN, prevé que entre diciembre de 2026 y marzo de 2027 las lluvias sean superiores a lo normal en la costa norte y central. Para la sierra central y sur, en cambio, se esperan precipitaciones entre normales e inferiores a sus valores habituales. Eso no significa que el impacto será menor en el sur: en Piura, el peligro está asociado a inundaciones y desbordes; y en Arequipa, unas pocas horas de lluvia intensa pueden activar quebradas, provocar huaicos, generar deslizamientos y cortar carreteras.

Piura en alerta máxima

La vulnerabilidad de Piura no depende únicamente de cuánto llueva. También responde a la ocupación de zonas inundables, la insuficiencia de los drenajes urbanos y la demora en ejecutar una solución integral para la cuenca del río Piura.

Pese a las advertencias, la Contraloría informó en marzo que el Gobierno Regional de Piura no había priorizado proyectos para reducir los riesgos por inundaciones dentro de las inversiones bajo su responsabilidad. De los 66 procedimientos de selección convocados durante 2025, ninguno estaba relacionado con el reforzamiento de diques, el encauzamiento y la descolmatación de ríos o la construcción de defensas ribereñas.

La ejecución presupuestal mostró la misma debilidad. Durante 2025, el Gobierno Regional dispuso de S/16,9 millones para reducir la vulnerabilidad y atender emergencias como el fenómenoElNiño. Solo giró S/5,3 millones, equivalentes al 31,6%. Para 2026, el presupuesto registrado durante la fiscalización ascendía a S/1,7 millones. Hasta entonces se habían girado S/133.525 y la Contraloría calculó una ejecución de 2,1%.

El órgano de control también encontró problemas en la atención de los pedidos enviados desde los gobiernos locales. De quince requerimientos presentados por las autoridades municipales, solo ocho habían sido atendidos.

En julio apareció una nueva alerta. El Gobierno Regional había distribuido apenas el 4% del valor de los bienes de ayuda humanitaria adquiridos para atender a la población afectada por las lluvias. La compra ascendió a S/794.760. Sin embargo, hasta el 5 de junio únicamente se habían entregado productos valorizados en S/32.650: 60 carretillas, 350 frazadas y 3.000 sacos destinados a seis municipalidades.

La prevención, por tanto, no solo depende de construir grandes obras. También exige contar con planes actualizados, responder a tiempo a los municipios y asegurar que la ayuda comprada llegue a las zonas expuestas antes de que ocurra una emergencia.

La responsabilidad tampoco recae únicamente en los gobiernos subnacionales. El 16 de julio, la Autoridad Nacional de Infraestructura presentó al sector privado un conjunto de proyectos para Lima y Piura valorizados en más de S/363 millones. Entre ellos figuran defensas ribereñas en los sectores San Vicente–San Rafael y Olivares–Parales, ubicados en el río Piura. La presentación representa un avance administrativo, pero todavía no garantiza que las defensas estén listas antes del próximo verano, cuando el riesgo de lluvias intensas volverá a aumentar.

El costo humano de las lluvias

El Niño Costero de 2017 dejó en Piura 89.709 damnificados y 375.265 afectados, además de 18 fallecidos, 40 heridos y tres desaparecidos, según el Instituto Nacional de Defensa Civil. También destruyó 21.412 viviendas, dañó otras 83.957 y obligó a instalar 34 albergues para 11.964 personas en Catacaos y Cura Mori.

En 2023, las lluvias, inundaciones y deslizamientos causaron 22.564 damnificados, 231.999 afectados, 21 fallecidos, 50 heridos y dos desaparecidos. Se reportaron, además, 1.773 viviendas destruidas, 6.516 inhabitables y 82.043 afectadas. En 2026 aún no existe un balance regional comparable, pero las lluvias de febrero en Chulucanas dejaron una persona fallecida, cuatro damnificadas, 141 afectadas y 57 viviendas dañadas.

Arequipa teme a sus quebradas

Arequipa enfrenta una amenaza distinta. El principal peligro no es necesariamente una inundación extensa, sino la activación repentina de quebradas, los huaicos, los deslizamientos y los cortes de carreteras en provincias marcadas por fuertes pendientes.

El pronóstico de precipitaciones entre normales e inferiores a lo habitual para la sierra sur no elimina ese riesgo. Una temporada puede registrar acumulados moderados y, al mismo tiempo, episodios intensos concentrados en pocas horas. En territorios áridos, con quebradas que permanecen secas durante gran parte del año, esas lluvias pueden arrastrar lodo, rocas y escombros hacia carreteras, viviendas y zonas urbanas.

Ante ese escenario, el Gobierno Regional de Arequipa reunió a representantes de las ocho provincias y de los 109 gobiernos locales. También participaron funcionarios del Instituto Nacional de Defensa Civil, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico y la Autoridad Nacional del Agua.

El principal acuerdo dejó en evidencia una brecha institucional. La región gestionará la incorporación de 54 distritos que no fueron incluidos en el Decreto Supremo 097-2026-PCM, mediante el cual se declaró el estado de emergencia en diversos territorios. En otras palabras, casi la mitad de los gobiernos locales de Arequipa necesitaba ese formalismo para acceder de manera rápida al uso de procedimientos administrativos y presupuestales excepcionales para ejecutar intervenciones inmediatas.

El Estado todavía se organiza

La Defensoría del Pueblo advirtió, citando un informe del Instituto Peruano de Economía, que solo el 30,5% de las entidades públicas contaba con planes de prevención y reducción del riesgo aprobados y vigentes. También recordó que las lluvias de 2023 y 2024 dejaron alrededor de 400.000 personas afectadas y más de 67.000 damnificadas, principalmente en el norte y centro del país.

Piura y Arequipa muestran dos formas distintas de vulnerabilidad. En Piura, las obras integrales no están listas y el Gobierno Regional ha tenido dificultades para ejecutar recursos, atender pedidos municipales y distribuir ayuda. En Arequipa, el riesgo está repartido entre 109 municipios, numerosas quebradas y 54 distritos que todavía esperan ser incorporados a la emergencia.

El Niño es un fenómeno natural, pero la dimensión del desastre depende también de la gestión pública. Las lluvias se convierten en tragedia cuando encuentran ríos desprotegidos, drenajes inconclusos, quebradas ocupadas, almacenes ineficientes y presupuestos que empiezan a ejecutarse cuando la emergencia ya comenzó.

El Ejecutivo todavía tiene margen para evitar que la próxima temporada repita las tragedias de 2017 y 2023. La alerta ya fue emitida. Lo que falta es que la gestión estatal funcione.