Machu Picchu enfrenta informalidad y desorden en su cadena turística

La muerte de Gabriel Ríos, un porteador de 49 años que trabajaba a más de 4,000 metros de altura, ha vuelto a poner la atención sobre las condiciones en las que opera parte de la cadena turística vinculada a Machu Picchu. Su familia denuncia que fue abandonado, aunque la Policía todavía investiga las circunstancias exactas de su fallecimiento.

El caso ocurre en un destino que moviliza hoteles, restaurantes, agencias, guías, transportistas y miles de puestos de trabajo. Sin embargo, la importancia económica de Machu Picchu contrasta con problemas persistentes de informalidad, desorden en la gestión y dificultades para garantizar condiciones adecuadas a trabajadores y visitantes.

Una gestión dividida entre varias autoridades

La administración del destino involucra a distintas entidades. El Ministerio de Cultura controla los accesos; la Municipalidad Provincial de Urubamba concesiona el servicio de buses; el MTC supervisa el transporte ferroviario; el MINCETUR tiene responsabilidades vinculadas a la promoción turística; y la PCM interviene ante situaciones de crisis.

Esta fragmentación obliga a coordinar servicios que funcionan de manera interdependiente, pero que están bajo responsabilidades distintas. Los problemas de gestión han derivado en episodios con filas de hasta 12 horas, bloqueos que afectaron a 2,300 turistas y pérdidas estimadas de hasta US$3 millones diarios.

El desorden también alimenta la informalidad

Uno de los puntos críticos es la venta de entradas. Desde 2021, en Aguas Calientes se comercializan presencialmente 1,500 boletos diarios. Alrededor de este sistema también han surgido denuncias de reventa y operaciones informales.

En 2023, el Ministerio de Cultura detectó 80,000 ingresos fantasma y pérdidas de hasta S/12 millones. Según estimaciones de la propia entidad, agencias informales podrían recaudar hasta S/60,000 diarios.

La combinación de boletos escasos, venta presencial, intermediarios, reglas complejas y controles insuficientes genera condiciones que pueden favorecer operaciones fuera de la formalidad.

Formalizar sin aumentar las barreras

La respuesta, sin embargo, no pasa necesariamente por incorporar más trámites y fiscalizaciones. Una política de formalización requiere reglas que puedan cumplirse, trabajadores registrados, empresas responsables, protocolos de emergencia y autoridades capaces de identificar y sancionar las actividades irregulares.

En el Camino Inca ya existen esfuerzos en esa dirección: más de 7,000 porteadores y cocineros forman parte de procesos de registro y formalización.

El desafío es extender ese enfoque al conjunto de la actividad. Machu Picchu es uno de los principales activos turísticos del Perú y su sostenibilidad depende no solo de atraer visitantes, sino también de contar con una cadena turística formal, segura y coordinada.