Subsidio al combustible: S/105 millones con impacto por demostrar

El Gobierno de Keiko Fujimori ha destinado hasta S/105 millones para aliviar durante tres meses parte del aumento del combustible que enfrentan los transportistas formales. La medida busca evitar que disminuya la oferta de transporte y contener el traslado de esos mayores costos hacia pasajeros y fletes. Por ello, no bastará con saber cuánto dinero entregó el Estado ni cuántos operadores lo recibieron. Habrá que determinar qué efecto tuvo ese gasto sobre quienes pagan por movilizarse o trasladar mercancías.

El Decreto de Urgencia 007-2026 creó dos mecanismos. El META-Nacional entrega S/4 por cada galón de diésel B5 o B20 adquirido por transportistas formales de pasajeros de ámbito nacional, regional y provincial y por operadores de mercancías. El META-Lima y Callao calcula el beneficio según la distancia recorrida: S/0,50 por kilómetro para ómnibus, S/0,40 para minibuses y S/0,30 para microbuses. Del total autorizado, hasta S/60 millones corresponden al esquema nacional y S/45 millones al de Lima y Callao. Para acceder se exige, entre otros requisitos, autorización vigente, vehículos habilitados, RUC activo y habido y comprobantes electrónicos.

El Gobierno podrá verificar cuánto combustible compró un transportista y cuánto subsidio recibió. Más difícil será establecer cuánto de ese ahorro terminó favoreciendo al usuario. La norma señala que busca mitigar el traslado del aumento del combustible hacia pasajeros y fletes, pero el pago no está condicionado a mantener, reducir o congelar una tarifa determinada. El subsidio podría ayudar a sostener rutas, evitar aumentos mayores o moderar el costo de los fletes.

La informalidad añade otra dificultad, especialmente en el transporte de pasajeros. Según estadísticas de Macroconsult, menos del 20% de las flotas de pasajeros tendría registro, frente a más del 80% de las flotas de carga pesada. La cifra no equivale a una tasa oficial de informalidad ni permite saber cuál es la situación en cada región, pero sí muestra que ambos segmentos tienen realidades muy distintas. Los controles de la Sutran aportan otra señal: durante el primer semestre de 2026 realizó 3.781 operativos contra el transporte informal e impuso 1.831 actas a vehículos que trasladaban pasajeros sin autorización.

Estos datos no permiten concluir cuánto reducirá la informalidad el efecto del subsidio, pero sí plantean una pregunta relevante: qué alcance puede tener una ayuda dirigida a operadores formales en zonas donde una parte del transporte de pasajeros funciona fuera de los registros o con información incompleta. El problema cobra especial importancia en regiones, donde el propio Gobierno ha encontrado dificultades para identificar a algunos de los operadores que busca incorporar al beneficio.

Eso ocurre en la Amazonía. Fujimori anunció que la ayuda también alcanzaría a mototaxistas y transporte fluvial, pero el Ejecutivo reconoció después que no existía un padrón nacional de mototaxistas y que muchos operadores no estaban formalizados. Tras las protestas y negociaciones en Loreto, el Gobierno se comprometió a emitir hasta el 18 de septiembre otro decreto de urgencia para agilizar el empadronamiento e incorporar a mototaxistas y transporte multimodal. El caso expone dos tareas que deberían avanzar juntas: mejorar los registros y facilitar la formalización sin eliminar los controles necesarios para entregar recursos públicos.

La otra pregunta es cuánto tiempo durará la ayuda. El actual subsidio no es el primero de este tipo aprobado en 2026. En mayo, el Gobierno anterior autorizó hasta S/33,8 millones para entregar S/4 por galón de diésel a transportistas formales. En junio creó otro mecanismo para operadores de Lima y Callao por hasta S/44,18 millones. La administración Fujimori ha autorizado ahora otros S/105 millones. En conjunto, los tres programas suman cerca de S/183 millones autorizados este año.

Los antecedentes no permiten afirmar que el subsidio se haya convertido ya en permanente. Sí muestran que el Estado ha recurrido varias veces a esta herramienta en pocos meses. Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva, señaló en agosto que el gasto asumido frente al reciente aumento de los combustibles ha sido significativamente menor que en episodios anteriores. Álvaro Ríos, especialista en hidrocarburos y exsecretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, considera prudente la ayuda actual, pero ha advertido que si los altos precios internacionales se prolongan podría aumentar la presión para aprobar nuevas ayudas.

El resultado deberá medirse entonces en varios frentes. No solo importa cuánto dinero llegue a los transportistas formales, sino qué ocurre con los pasajes, los fletes y la continuidad de los servicios, cuánto alcance consigue la medida fuera de Lima y qué hará el Gobierno cuando termine el plazo previsto. Si al final solo se conoce cuánto dinero se distribuyó, pero no qué cambió para pasajeros, comerciantes y consumidores, será posible calcular el costo del subsidio, pero no saber con la misma claridad cuál fue su beneficio.