El sismo del 15 de agosto de 2007 dejó 596 muertos, más de 434.000 damnificados y cerca de 94.000 viviendas destruidas o inhabitables. La reconstrucción movilizó S/1.096 millones, pero casi cuatro años después un tercio de los proyectos financiados seguía sin culminar. Hoy, los ocho distritos de la provincia de Pisco permanecen clasificados con riesgo sísmico alto o muy alto.  

Mientras Piura se prepara para lluvias superiores a lo normal y posibles desbordes, Arequipa enfrenta huaicos, activación de quebradas y cortes de carreteras. La ciencia elevó la alerta, pero la respuesta pública sigue atrapada entre proyectos inconclusos, baja ejecución presupuestal y medidas que todavía no llegan al territorio.

La provincia de Chupaca había ejecutado apenas el 12% de su presupuesto para reducir riesgos y el distrito de Chongos Bajo, donde ocurrió la tragedia, solo el 31%. El terremoto dejó cinco muertos, más de 2.000 damnificados y reabre el debate sobre la capacidad del Estado para prevenir, y no solo atender, las emergencias.

La ejecución de obras de prevención sigue siendo una tarea pendiente en varias regiones vulnerables, pese a años de advertencias y mayores recursos públicos.

 17 departamentos ejecutaron menos del 50% del presupuesto público asignado a reducir la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres naturales. ¿Qué están haciendo las autoridades regionales?