El monopolio disfrazado de inversión: Cálidda busca diez años más de concesión

Cálidda busca que el Estado apruebe una adenda que extendería por diez años su concesión y ha presentado la propuesta como una apuesta por la inversión y la masificación del gas natural. Pero la discusión va más allá de cuánto promete invertir la empresa. Según cifras del propio proceso, la modificación podría generarle un beneficio de hasta US$ 1.832 millones, sin que ese beneficio se refleje en la concesión ni en mejores condiciones para el usuario.

La concesión actual vence en 2033 y la adenda la ampliaría hasta 2043. Serían diez años adicionales de exclusividad, sin una licitación que permita competir a otros operadores por ese mercado. La propuesta incluye además siete nuevas regiones, ampliando considerablemente el alcance de Cálidda en el país. Lo que se presenta como una fórmula para acelerar la masificación también supone, por tanto, extender durante una década la posición del mismo concesionario y llevarla a nuevos territorios.

Para la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), si el objetivo es que el gas natural llegue a más hogares, esa expansión no debería plantearse como una elección entre masificación o competencia. La organización cuestiona por qué la ampliación debe hacerse extendiendo directamente la concesión de Cálidda y no abriendo el mercado para que otros operadores puedan competir. A su juicio, la inversión es necesaria, pero eso no convierte automáticamente una extensión de diez años sin licitación en la mejor alternativa.

Una adenda que debe pasar por filtros

La ACP sostiene que una modificación de esta magnitud debe pasar por un análisis riguroso de equilibrio económico-financiero del Ministerio de Economía y Finanzas y debería ser revisada por el organismo supervisor y regulador, Osinergmin. La pregunta no es si Cálidda “necesita” la adenda, sino si esos filtros se están respetando o si la presión de una campaña de prensa busca saltárselos. Si el MEF exige rigor y restricciones al contribuyente, considera la ACP, corresponde exigir el mismo nivel de rigurosidad frente a una modificación que podría representar un beneficio de hasta US$ 1.832 millones para una empresa.

El propio Osinergmin ha señalado discrepancias con Cálidda en procesos tarifarios anteriores. Ese antecedente impide presentar el asunto como si existiera un consenso técnico detrás de la propuesta y refuerza la necesidad de que la evaluación económica, regulatoria y de transparencia se cumpla antes de tomar una decisión. La búsqueda de eficiencia no debería servir para reducir los controles sobre una concesión de esta magnitud.

El Perú necesita más gas natural y avanzar en su masificación. Ese no es el punto en discusión. Lo que corresponde determinar es si para conseguirlo el Estado debe otorgar diez años adicionales de exclusividad al mismo concesionario, sin licitación y extendiendo su presencia a siete nuevas regiones. La masificación no debería depender de blindar a una empresa frente a la competencia, sino de respetar las reglas del juego: licitación, competencia y transparencia, para que sea el mercado y no la presión mediática el que determine quién invierte.