Autoridades, empresarios y especialistas se reúnen para analizar cuáles son las prioridades del nuevo gobierno
Aunque el nuevo gobierno arranca con más de 50% de aprobación, el 90% de peruanos desconfía del Estado y después de la inseguridad, la burocracia es para ellos el segundo problema más grave.
Redacción Vigilante
Publicado 3:55 pm, 9 septiembre, 2026
Mejorar el funcionamiento del Estado, profesionalizar el servicio público, generar predictibilidad para la inversión y conseguir mejores resultados educativos fueron los ejes del foro “Prioridades para el Perú 2026-2031: Estado, economía y educación”, realizado este 8 de septiembre en el campus de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC).
El encuentro fue organizado por Contribuyentes del Perú, el Instituto de Estudios Americanos CEU CEFAS y la UPC. Participaron, entre otros, Diethell Columbus y Rosangela Barbarán, ambos diputados por Fuerza Popular; Aldo Bravo, diputado por Renovación Popular, Jack Silverman, decano de la facultad de negocios de la UPC, Juan José Cárdenas, socio de DAMMA Legal Advisors; Gabriela Haro, Tax & Legal Partner en PricewaterhouseCoopers, Gustavo Nakamura, director de la Oficina Regional de CEU-CEFAS y José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes.
Los panelistas del bloque “Reforma del Estado” coincidieron en que no se puede transformar la administración pública sin primero entender cómo funciona. Se planteó que no hace falta esperar una gran reforma, sino avanzar con cambios concretos que cierren brechas y resuelvan problemas puntuales, entre ellos una carrera pública basada en el mérito. La reforma de SERVIR y la revisión de mecanismos de control son urgentes y coinciden en un mismo reto: contar con mejores funcionarios que sirvan a los ciudadanos.
El segundo panel concluyó que se le debía exigir al nuevo gobierno «sentido de urgencia» para reducir trabas y facilitar la inversión privada bajo reglas claras, advirtiendo que el crecimiento no depende únicamente de grandes proyectos sino también de las condiciones que enfrentan el bodeguero y los pequeños negocios. Se defendieron las Obras por Impuestos como complemento eficaz de un Estado poco capaz de ejecutar sus propias obras. También se cuestionó la distancia entre la rigidez de leyes laborales y un país donde cerca del 70% de la población económicamente activa permanece en la informalidad.
El tercer panel señaló que más instituciones y plazas docentes no garantizan por sí solas una mejor educación: la reforma debe partir de las escuelas, con un currículo que forme en conocimientos, integridad y ciudadanía, y con mayor rigor para seleccionar y evaluar profesores de cara a las cerca de 80,000 plazas docentes que se abrirán en los próximos dos años. Se planteó que las políticas educativas deben descentralizar la oferta y que las carreras deben planificarse pensando en un mercado laboral que cambia constantemente.
Camila Costa, directora de la Asociación de Contribuyentes, cerró señalando que existe una distancia entre las normas y la realidad, y que las facultades legislativas deberían promover un Estado más pequeño y eficiente, que atraiga a la formalidad, y que en vez de buscar recaudar compulsivamente, genere un clima de negocios saludable para el emprendimiento.