| POLÍTICA
Interpelaciones en el Congreso: una herramienta de control que exige criterios claros
Los primeros 30 días de los gobiernos de Pedro Castillo y Keiko Fujimori muestran distintos niveles de actividad fiscalizadora. En 2026 se han presentado o anunciado interpelaciones contra tres ministros, frente a uno durante el mismo periodo de 2021.
Redacción Vigilante
Publicado 10:00 am, 4 septiembre, 2026
La interpelación es una de las principales herramientas que tiene el Congreso para ejercer control político sobre los ministros. Permite exigir explicaciones sobre decisiones o actuaciones concretas del Ejecutivo y, eventualmente, puede anteceder a una moción de censura. Una comparación de los primeros 30 días de los gobiernos de Pedro Castillo, en 2021, y Keiko Fujimori, en 2026, muestra que este mecanismo ha tenido una mayor presencia durante el inicio de la actual administración.
Durante el primer mes del gobierno de Castillo, un ministro fue objeto de mociones de interpelación: el entonces canciller Héctor Béjar, quien renunció antes de acudir al Congreso. En los primeros 30 días de la administración de Fujimori, las iniciativas han alcanzado a tres ministros: Rafael Belaunde, Guillermo Shinno y César Astudillo. Las mociones contra los dos primeros fueron formalmente presentadas, mientras que la tercera fue anunciada.
El control parlamentario va más allá de las interpelaciones
La diferencia también aparece al observar otras acciones de fiscalización. Durante el primer mes del actual gobierno, al menos nueve ministros fueron alcanzados por solicitudes de citación al Congreso. En el mismo periodo de la administración de Castillo fueron siete.
Las cifras permiten identificar una mayor actividad de control parlamentario en 2026, pero no determinan, por sí mismas, si cada iniciativa está justificada. Para ello es necesario analizar individualmente sus fundamentos, las explicaciones solicitadas y los hechos que las originaron.
Fiscalizar sin desnaturalizar la herramienta
La interpelación cumple una función necesaria dentro del equilibrio entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Su finalidad es permitir que los ministros respondan políticamente ante el Parlamento por asuntos vinculados con su gestión.
Precisamente por su importancia, su utilización requiere criterios claros. Si las interpelaciones se convierten en una respuesta recurrente ante cualquier controversia política, existe el riesgo de que una herramienta excepcional de control pierda efectividad y termine formando parte de la confrontación cotidiana entre poderes.
El número de interpelaciones tampoco permite concluir automáticamente que exista un abuso. Esa evaluación depende de las circunstancias y fundamentos de cada iniciativa.
La comparación entre 2021 y 2026 plantea así una discusión que trasciende a ambos gobiernos: cómo garantizar una fiscalización parlamentaria efectiva sin convertir sus mecanismos más intensos en instrumentos rutinarios. El desafío institucional es mantener el mismo criterio independientemente de quién ocupe el Ejecutivo.