Milei propone «grillete fiscal»: políticos dejarían de cobrar si Argentina vuelve al déficit

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que enviará al Congreso de su país un proyecto de ley para crear un mecanismo al que denominó «grillete fiscal», una iniciativa que busca reforzar la disciplina de las cuentas públicas argentinas haciendo que las consecuencias de un eventual déficit recaigan sobre la dirigencia política y no sobre la ciudadanía.

Según lo anunciado por el mandatario, si el Estado argentino vuelve a incurrir en déficit fiscal y se activa este mecanismo, dejarían de percibir sus salarios el presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, los secretarios y los subsecretarios del Poder Ejecutivo de dicho país. La suspensión de las remuneraciones se mantendría mientras permanezca vigente el denominado «grillete fiscal».

La propuesta alcanzaría, por tanto, a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y a la totalidad de los integrantes del Congreso argentino. Al presentar la iniciativa, Milei sostuvo que el objetivo es modificar los incentivos de quienes toman las decisiones sobre el gasto público. «Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, la política pagará el costo, no lo pagará la gente», afirmó.

De acuerdo con el anuncio presidencial, la medida no afectaría las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo ni los servicios considerados esenciales, como salud, seguridad, defensa nacional y el servicio penitenciario. El proyecto busca que un eventual ajuste no recaiga sobre las prestaciones sociales ni sobre los servicios básicos del Estado.

El «grillete fiscal» forma parte de un paquete de reformas institucionales con el que el Gobierno argentino busca preservar el equilibrio fiscal y evitar que futuras administraciones vuelvan a financiar el gasto mediante déficits persistentes.

Como se trata de un proyecto de ley, la iniciativa deberá ser debatida y aprobada por el Congreso argentino antes de entrar en vigor. Recién entonces se conocerán su alcance definitivo, las condiciones específicas para su activación y los procedimientos previstos para su aplicación.

La propuesta introduce un cambio de enfoque en la discusión fiscal. En lugar de que los desequilibrios de las cuentas públicas terminen trasladándose a los contribuyentes mediante más impuestos, endeudamiento, inflación o ajustes futuros, plantea que las primeras consecuencias recaigan sobre quienes toman las decisiones de política fiscal.