La pobreza extrema sigue atrapando a Puno y Cajamarca

La pobreza extrema continúa concentrándose en las mismas regiones del país. Mientras el Perú redujo este indicador a 4,7 % en 2025 —equivalente a 1,6 millones de personas—, Cajamarca (15,5 %) y Puno (11,7 %) mantienen las tasas más altas a nivel nacional, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En términos prácticos, se trata de personas que sobreviven con menos de S/ 260 al mes, un ingreso que no alcanza para cubrir el costo de una canasta básica de alimentos (S/462.00).

La persistencia de estas cifras revela problemas que van más allá del crecimiento económico de un año. Tanto Puno como Cajamarca concentran una alta proporción de trabajadores en actividades de baja productividad, especialmente en una agricultura de subsistencia, donde los ingresos dependen del clima, la escasa tecnificación y el limitado acceso a mercados. A ello se suman elevados niveles de informalidad y brechas históricas en infraestructura, salud y educación que restringen las oportunidades de desarrollo. En este escenario, el desafío no solo pasa por generar inversión y empleo, sino también por lograr que el Estado llegue con servicios públicos y programas que eleven la productividad de la población más vulnerable.

Puno: más recursos no basta

En Puno, el sector agropecuario emplea aproximadamente al 40 % de la población, lo que convierte su desempeño en un factor determinante para los ingresos de miles de hogares. Durante 2025, este sector se contrajo 6,4 %, mientras que la economía regional creció 2,3 %, impulsada principalmente por la construcción y el transporte. De acuerdo con reportes del Banco Central de Reserva del Perú, parte del menor desempeño agropecuario respondió a condiciones climáticas menos favorables durante la campaña agrícola y al efecto de comparación con una temporada previa excepcionalmente favorable.

La situación se agrava por la elevada informalidad. En Puno, el 87,6 % de los trabajadores se desempeña fuera de la economía formal. Esa condición también se refleja en los ingresos: mientras un trabajador formal percibe en promedio S/ 2.747 mensuales, uno que trabaja en la informalidad recibe apenas S/ 795. El Instituto Peruano de Economía (IPE) advierte, además, que el 73 % de la población puneña es pobre o vulnerable, lo que significa que incluso quienes hoy no viven en pobreza extrema pueden volver a caer en ella frente a una mala campaña agrícola, una enfermedad o una desaceleración económica.

A pesar de ello, Puno no carece de recursos. En 2025 recibió S/ 611,1 millones por canon minero y concentra cuatro proyectos mineros con una cartera de inversión cercana a US$ 1.800 millones. Sin embargo, la disponibilidad de recursos por sí sola no garantiza una reducción de la pobreza extrema. El desafío también pasa por la capacidad del Estado para transformar esos fondos en infraestructura, servicios públicos y programas que incrementen la productividad de miles de familias que aún dependen de la agricultura de subsistencia.

Cajamarca: la paradoja de la riqueza

Cajamarca enfrenta una paradoja aún más evidente. La región concentra la mayor cartera de inversión minera del país, con siete proyectos valorizados en más de US$ 16.586 millones, equivalentes a cerca de una cuarta parte de toda la inversión minera proyectada en el Perú. Además, en 2025 su economía creció 7,5 %, la mayor expansión regional en 16 años, impulsada principalmente por una minería que avanzó alrededor de 12 %.

Sin embargo, ese dinamismo todavía no se ha traducido en una reducción significativa de la pobreza extrema. Mientras la minería impulsó el crecimiento regional, el sector agropecuario —del que depende más de la mitad de la población ocupada— retrocedió 4 %, afectando la principal fuente de ingresos de miles de familias rurales.

La región también recibió S/ 632,6 millones por canon minero durante 2025. No obstante, el reto no consiste únicamente en generar más recursos, sino en convertirlos en mejores servicios de salud y educación, infraestructura, asistencia técnica y programas que permitan elevar la productividad del campo. El propio IPE sostiene que la persistencia de actividades de baja productividad, el limitado dinamismo de los sectores que más empleo generan y las brechas en infraestructura y servicios básicos explican que Cajamarca continúe encabezando los indicadores de pobreza.

Estas cifras dejan una lección para la política pública. Reducir la pobreza extrema no depende únicamente de que la economía crezca o de que una región concentre grandes proyectos de inversión. También exige que esos recursos se traduzcan en mejores oportunidades para la población mediante infraestructura de calidad, servicios públicos eficientes y políticas que incrementen la productividad de quienes hoy sobreviven en actividades de baja rentabilidad. Mientras esa conexión no ocurra, Puno y Cajamarca seguirán encabezando el indicador más severo de la pobreza: el de las familias cuyos ingresos todavía no alcanzan para asegurar algo tan básico como su alimentación diaria.