Sismo en Junín expone las fallas de la prevención de desastres en gobiernos locales
Un sismo de magnitud 5,1 registrado la noche del sábado 18 de julio dejó cinco personas fallecidas, más de 2.000 damnificados y decenas de viviendas destruidas en la provincia de Chupaca, región Junín. Aunque se trató de un movimiento de intensidad moderada, sus efectos fueron devastadores en el anexo de Pumpunya y otras localidades cercanas. Más allá de la emergencia, la tragedia ha puesto bajo la lupa la capacidad de las autoridades para ejecutar las acciones de prevención previstas frente a este tipo de desastres.
Mientras continúan las evaluaciones de daños, las cifras presupuestales revelan un dato que merece atención. De acuerdo con la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, antes del terremoto la Municipalidad Provincial de Chupaca había ejecutado solo el 12% del presupuesto destinado a la reducción del riesgo de desastres. En el caso de la Municipalidad Distrital de Chongos Bajo —donde se ubica Pumpunya, la zona más afectada— el avance llegaba al 31%.
Estos porcentajes cobran relevancia porque la vulnerabilidad del territorio no era un hecho desconocido. En noviembre de 2025, la Municipalidad Provincial de Chupaca validó, con asistencia técnica del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), su Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2025-2030. La provincia también contaba con una Oficina de Gestión del Riesgo y con un plan elaborado para el periodo 2022-2024. Es decir, existían instrumentos para identificar amenazas y planificar intervenciones antes de que ocurriera una emergencia.
¿Por qué un sismo de 5,1 grados produjo un nivel de destrucción tan elevado? Para el Instituto Geofísico del Perú (IGP), la explicación está principalmente en las condiciones de las viviendas. El presidente del organismo, Hernando Tavera, ha señalado que en la zona predominan construcciones de adobe y piedra, con techos de teja y sin elementos de reforzamiento sismorresistente. La cercanía del epicentro y el deterioro de muchas edificaciones terminaron amplificando el impacto del movimiento telúrico.
El caso de Chupaca reabre además una discusión sobre la eficacia del gasto público en prevención. Desde 2010, el Estado financia acciones de reducción del riesgo a través del Programa Presupuestal 0068, orientado a fortalecer la preparación frente a desastres naturales. Sin embargo, diversos reportes muestran que los gobiernos subnacionales continúan registrando bajos niveles de ejecución en este rubro, mientras que el mayor esfuerzo presupuestal suele concentrarse después de ocurrida la emergencia.
La diferencia no es menor. Las inversiones destinadas a reforzar viviendas, intervenir zonas vulnerables o ejecutar obras de mitigación buscan precisamente reducir el impacto de fenómenos naturales como el ocurrido en Junín. Cuando esas acciones se retrasan o no se ejecutan, el costo termina trasladándose a la atención de la emergencia, la reconstrucción y, sobre todo, a las familias afectadas.