Las últimas encuestas sobre la aprobación de Keiko Fujimori coinciden en una cosa: el respaldo a su gobierno está disminuyendo. Pero no todas coinciden en cuánto. Y esa diferencia importa.

Un reciente estudio de competitividad vuelve a marcar un retroceso en los pilares de economía, empresas e infraestructura. Solo Lima Metropolitana y el Callao alcanzan un desempeño medio alto, mientras la inestabilidad política, jurídica e institucional siguen frenando mejoras.

Aerolíneas y expertos advierten que la nueva tarifa para pasajeros en conexión podría encarecer las rutas y debilitar el rol del principal aeropuerto del país como hub regional, mientras Ositran defiende su aplicación bajo el contrato de concesión vigente.

Mercedes Llano, diputada argentina por La Libertad Avanza, llega a Perú para reflexionar sobre las reformas realizadas durante el gobierno de Javier Milei y las reformas urgentes en Perú de cara a las elecciones 2026.

El exceso de burocracia, la sobreproducción de normas y el poder sancionador de entidades públicas siguen afectando a ciudadanos y empresas. Reducir el tamaño del Estado y limitar sus facultades puede ser clave para mejorar la calidad regulatoria del país.

El marco legal peruano combina conservación y aprovechamiento sostenible, pese a la narrativa que insiste en una supuesta prohibición absoluta.

A pesar del crecimiento del aparato estatal y del aumento del presupuesto en personal, los servicios públicos siguen mostrando deficiencias. La ética y la vocación de servicio son claves para transformar el Estado.

A casi un siglo desde su retorno al Perú, Tacna enfrenta retos importantes en infraestructura, inclusión financiera y servicios públicos, que requieren vigilancia y acción para consolidar su desarrollo sostenible y bienestar ciudadano.

La excesiva burocracia ha frenado la inversión y la formalización empresarial en el Perú. Con las pequeñas empresas dedicando más de 2,400 horas al año a trámites estatales, el anuncio del MEF sobre un ‘shock desregulatorio’ es un paso clave para aliviar la carga burocrática y fomentar el desarrollo económico.

Con un índice de informalidad superior al 70%, las causas de este problema parecen ser cada vez más claras: la excesiva burocracia estatal. Un estudio de Mibanco reveló que el 88% de los empresarios informales quiere formalizarse, pero la mayoría no da este gran salto debido al alto costo y complejidad que implica este proceso.

La estructura estatal en Perú se enfrenta a un dilema crítico: mientras el gasto corriente consume la mayor parte del presupuesto, las inversiones en infraestructura, claves para el desarrollo, quedan rezagadas. ¿Es sostenible este modelo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar el crecimiento económico?

El Congreso se promueve una serie de proyectos de ley que atenta contra la inversión privada y evita la colaboración público-privada en la administración de servicios como saneamientos, agua potable o comercialización de materias primas y sus derivados. Expertos como el gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de Comex Perú, Jaime Dupuy, criticaron al Ejecutivo de no hacerle frente a estas normas, debido a que “propuestas erróneas y desfasadas”.

En la actualidad, hay 35 empresas estatales, pero la mayoría resaltan por su ineficiencia e incapacidad para ofrecer servicios públicos de calidad. Ante ello, se propone la privatización de empresas estatales, la cual podría llevarse a cabo de manera gradual o por unidades de negocio.

El Estado propone crear y subir las tarifas de impuestos para recaudar más fondos para el Tesoro Público. Sin embargo, el sistema de salud peruano presenta innumerables falencias como el incremento del índice de anemia infantil, la falta de medicamentos en hospitales y la escasa oferta de profesionales de salud de atención temprana.

El gobierno plantea elevar y crear nuevos impuestos. Según el director de la Asociación de Contribuyentes del Perú, José Ignacio Beteta, el Estado intenta ejercer una mayor presión tributaria a los contribuyentes sin antes ejecutar adecuadamente el presupuesto público y ofrecer servicios públicos de calidad. Los datos revelan que los servicios estatales no estarían cubriendo las expectativas de los peruanos.

S&P Global Ratings redujo la calificación de Perú de BBB a BBB-. Según la economista de la Asociación de Contribuyentes, Camila Costa, esto significa que el gobierno peruano es visto como una economía que quizás no sea capaz de pagar sus deudas, lo cual desalienta la inversión privada. Aseguró que la única alternativa para revertir esta situación es contar con "personas eficientes en el gobierno”.

En Perú, los partidos políticos no pueden recibir altas sumas de dinero por parte de empresas privadas, debido a los topes máximos de entrega de donativos impuestos por la Ley. Esto orilla a que las organizaciones políticas reciban fondos a través de canales informales, los cuales muchas veces provienen de economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y las redes criminales.

Las empresas mineras no llegan a una región y de inmediato inician operaciones, sino que antes deben pasar por 232 procedimientos administrativos en 29 entidades públicas, lo que genera que un proyecto minero demoré años en hacerse realidad. Según un estudio del IPE, se pierden más de S/12,000 millones del PBI por el excesivo papeleo para autorizar el inicio de un proyecto minero.    

No solo Argentina necesita reducir la burocracia del Estado. Hace años Perú requiere lo mismo. La pregunta es: ¿será algún candidato capaz de enfrentar esa casta de burócratas, empresas y sindicatos estatales que no generan valor?

En 2023, Perú pasó el límite de 2.4% del déficit fiscal. La solución más responsable es exigirle al Estado que reduzca planillas, elimine empresas estatales inútiles y se vuelva más austero. Urge una reflexión sobre el gasto corriente del Estado, sus planillas, y sobre si es responsable aumentar sueldos a la burocracia cuando la economía no avanza.*

 Analizaremos la propuesta de “reforma tributaria” socializada por el MEF que propone reducir de 4 regímenes tributarios a 2, eliminando el Régimen Mype y RER. Esto significaría que las empresas actualmente bajo estos regímenes tendrían que adaptarse o al NRUS o al Régimen General. No hay más opciones.

La agroindustria peruana es sumamente resiliente, pero hoy enfrenta retos y dificultades que requieren incentivos, apoyo y acompañamiento de parte del Estado. **

Si analizamos el presupuesto del Estado Peruano, 7.5 de cada 10 soles del dinero de los contribuyentes sirve para el gasto corriente (mantener la burocracia y su planilla) y solo 2.5 soles para proyectos de inversión.

El último informe sobre desarrollo económico departamental que publico el Instituto Nacional de Estadística e Informática detalló que las regiones de Arequipa (7,1%), Tacna (5,7%), Puno (3,9%), Apurímac (2,3%) y San Martín (0,3%) tuvieron buena recaudación tributaria.

Cabe recordar que el Estado peruano desembolsó un salvataje a PetroPerú el año pasado, cuando la empresa estaba pasando por una crisis de directorio. Los fondos sumaron US$2.400 millones.