Piden aprobar reglamento de masificación del gas natural y revisar propuesta de Cálidda

La masificación del gas natural en el Perú continúa pendiente de la aprobación del reglamento de la Ley N.° 32315, pese a que el plazo establecido para su publicación era de 90 días. Ante esta situación, la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP) remitió cartas a las comisiones de Energía y Minas del Senado y de la Cámara de Diputados, al Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a Osinergmin y a congresistas que suscribieron el Compromiso Contribuyente, solicitando acelerar su aprobación.

La falta de reglamentación impide poner en marcha los mecanismos previstos para ampliar el acceso al gas natural en las regiones. Entre ellos figura la tarifa única con tope, considerada necesaria para establecer condiciones de financiamiento que permitan convocar nuevos concursos de distribución.

El problema tiene antecedentes. En 2021, los concursos para llevar gas natural al centro y sur del país quedaron desiertos ante la falta de condiciones claras sobre financiamiento y tarifas. Mientras tanto, el acceso al servicio continúa siendo limitado. Incluso en Lima, donde la red de distribución opera desde hace más de veinte años, su cobertura alcanza apenas al 25% de los distritos, según las cifras recogidas por la ACP.

Las propuestas para ampliar el acceso al gas natural

En su comunicación, la asociación plantea tres puntos centrales. El primero es aprobar el reglamento incorporando la tarifa única con tope, mecanismo que permitiría establecer condiciones económicas para desarrollar nuevas redes de distribución y facilitar la participación de inversionistas.

El segundo está relacionado con el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), financiado mediante recargos aplicados a los usuarios de energía. Según la ACP, ampliar las conexiones domiciliarias permitiría fortalecer los recursos destinados a subsidiar nuevas redes y conexiones, contribuyendo a extender el servicio hacia más hogares.

La asociación considera que contar con reglas claras de financiamiento y tarifas es indispensable para impulsar proyectos de distribución en regiones que todavía no tienen acceso al gas natural por redes.

Las observaciones a la propuesta de Cálidda

El tercer punto de la carta aborda la negociación de una adenda al contrato de concesión de Cálidda, que actualmente vence en diciembre de 2033. La empresa propone extenderlo hasta 2043 a cambio de ampliar el servicio hacia siete regiones.

Según estimaciones de Osinergmin citadas por la ACP, esta ampliación podría representar un beneficio económico adicional de aproximadamente US$ 1.832 millones para la concesionaria. La asociación advierte sobre el riesgo de que los usuarios vuelvan a financiar inversiones cuya recuperación ya estaría contemplada en las tarifas actuales.

Otro aspecto en discusión es un saldo de aproximadamente US$ 850 millones que Cálidda atribuye a inversiones pendientes de depreciación. La ACP señala que este monto estaría relacionado con la aplicación de una tasa de depreciación cercana al 3% anual, pese a que la legislación permite tasas de hasta 20%. La asociación considera que trasladar ese saldo al Estado podría modificar las condiciones de autofinanciamiento de la concesión.

Frente a esta propuesta, la ACP plantea que la expansión del gas natural hacia nuevas regiones se realice mediante concursos competitivos, con reglas transparentes y condiciones que permitan evaluar las distintas alternativas de inversión.

La aprobación del reglamento de la Ley N.° 32315 queda así como una decisión pendiente para avanzar en la masificación del gas natural. Su publicación permitiría definir las condiciones para convocar nuevos proyectos de distribución, mientras continúa la evaluación de la adenda solicitada por Cálidda.