Gobierno Regional de Junín otorgó buena pro a empresa que no cumple con la normativa de contrataciones

Un informe de la Contraloría alertó que el Gobierno Regional de Junín otorgó la buena pro para la construcción de una carretera a la empresa Aramayo SAC, la cual no podía presentarse como postor debido a que pertenecía a dos consorcios edificadores en simultáneo, lo que está prohibido según la Ley de Contrataciones del Estado.

El proyecto en cuestión es el «“Mejoramiento de la carretera departamental JU-100 Junín Sasicucho Ingaya-Ondores-San Pedro de Pari-L.D. Pasco, provincia de Junín-departamento de Junín», que tiene un costo de S/ 109,334,917, de acuerdo a lo publicado en la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura de Junín. Recordemos que esta obra es realizada con el dinero de todos los peruanos. 

Cabe mencionar que el cómite de selección estuvo integrada por Rony Paolo Vejarano Pérez, Gerente Regional de Infraestructura, con el cargo de Presidente: Pabel Camayo Cerrón, Sub Gerente de Obras, con el cargo de Primer Miembro; y Pedro Abel Cóndor Canchanya, Sub Director de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, con el cargo de Segundo Miembro.

Vigilante.pe tuvo acceso al informe donde se menciona que en su condición de “postor”, la constructora integraba los consorcios «Consorcio JU-100» y «Consorcio Edificador». El hecho va en contra de lo estipulado en la Ley pues se detalla que la “participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado”, la cual especifica que «los integrantes de un consorcio no pueden conformar  más de un consorcio en un procedimiento de selección”. En ese sentido, la empresa no podía ser escogida de manera legal, no obstante, se les otorgó la «buena pro».

Además, durante la etapa de clasificación, la empresa presentó una carta de línea de crédito de solvencia económica, emitida por la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Cristo Rey Ltda. Negritos”, con registro en Talara, Piura. Esta cooperativa, según la Superintendencia de Banca y Seguros, solamente está facultada por ley para otorgar avales y fianzas válidos para los procesos de contrataciones con el estado, más no tiene las facultades para emitir cartas de línea de crédito para acreditar solvencia económica. De esta manera, la carta emitida y presentada no es válida para el proceso. Otro grave hecho es que presente deudas coactivas con Sunat por más de S/417 mil soles.

Contraloría alertó que el proceso de contratación va en contra del Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado en 5 puntos, siendo el más importante el artículo 73°, el cual estipula que los documentos presentados por el postor deben cumplir con los «requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases del proyecto». De no cumplir con lo requerido, la oferta deberá ser considerada como no admitida, lo que no sucedió en la contratación de Aramayo SAC.