“La ideología predominó sobre la rigurosidad técnica” en el informe de la ONG Amnistía Internacional
El reciente informe de la ONG Amnistía Internacional sobre las marchas desatadas tras la vacancia de Pedro Castillo presenta serias inexactitudes. El abogado constitucionalista Ernesto Álvarez sostuvo que existe una postura más ideológica sobre los hechos ocurridos y recordó que la izquierda latinoamericana no se encuentra contenta con el accionar del sistema democrático peruano frente al intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.
Gabriela Llontop
Publicado 11:46 am, 2 junio, 2023
El informe publicado por la ONG Amnistía Internacional cuenta con una serie de inexactitudes dentro de su contenido que configuran escenarios poco precisos sobre lo ocurrido tras la vacancia del golpista Pedro Castillo. Por ejemplo, el documento no menciona el golpe de Estado del exmandatario y, además, califica el accionar de las fuerzas del orden como “desproporcionada” debido a que hicieron uso de armas letales contra los manifestantes que, en teoría, contaban con armamento menos letal.
Asimismo, utilizan la figura del racismo sistemático contra las comunidades andinas e indígenas como el móvil que propició trágicos desenlaces como la muerte de decenas de protestantes. Sobre estos fallecimientos, la Amnistía Internacional asegura que existieron ejecuciones extrajudiciales a manos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Fuerzas Armadas, incluso, cuando el Ministerio Público aún continúa investigando los hechos.
El abogado constitucionalista, Ernesto Álvarez, explicó a Vigilante.pe que estas apreciaciones no solo son inexactas, sino que también reflejan cómo el sesgo político se sobrepone al análisis objetivo de lo ocurrido el 7 de diciembre de 2022. “Lamentablemente, la ideología predomina sobre la rigurosidad técnica”, sentenció.
Pesa a dicha carencia, el especialista reconoce la importancia del mensaje de dicho informe, el cual busca que las autoridades peruanas investiguen a fondo las muertes de nuestros compatriotas con el objetivo de reconocer si fueron a consecuencia del mal uso de la fuerza por parte de la policía y/o militares. “Debe recogerse el mensaje obvio, el mandato de investigar y de procesar, si fuese el caso, a quienes puedan resultar responsables de haber cometido excesos en el combate a la protesta violenta y subversiva”, sostuvo.
Por otro lado, el informe concluyó que “aunque la mayoría de las protestas en todo Perú se llevaron a cabo de forma pacífica, las más altas autoridades del poder ejecutivo peruano, incluidos la presidenta y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), estigmatizaron de forma intencionada a las personas manifestantes como violentas y radicales, y públicamente no exigieron la rendición de cuentas a la policía y al ejército”.
Claro está que este pasaje del documento intenta quitarle responsabilidad a los grupos radicales de izquierda capaces de incendiar aeropuertos, sedes judiciales y fiscales y pequeños negocios locales con la finalidad de exigir el cierre del Congreso y una Asamblea Constituyente. Por este motivo, Álvarez reconoció que el contenido de este documento se asemeja al de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, a su vez, recordó que la izquierda latinoamericana no se encuentra contenta con el accionar del sistema democrático peruano frente al intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, pues está seguro que existirán una serie de represalias en contra del gobierno de turno. “Una de las represalias es la ofensiva de parte del sistema interamericano, profundamente infiltrado por el activismo político”, agregó.
Gabriela Llontop
Periodista y redactora