Agua que no llega: tres regiones donde las obras no logran cerrar la brecha

Una década no ha sido suficiente para cerrar la brecha de acceso al agua en el Perú. Entre 2015 y 2025, la cobertura de agua potable pasó de 88,2% a 90,4%, apenas 2,2 puntos porcentuales, según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). Desde 2018, además, se mantiene alrededor del 90%. Al cierre de 2025, cerca de 3,3 millones de personas todavía no tenían acceso al servicio. Loreto y Ucayali aparecen entre las regiones con mayores rezagos tanto en agua como en saneamiento.

El problema no es únicamente cuánto falta invertir. Al cierre del tercer trimestre, Sunass tenía identificadas 181 inversiones prioritarias de agua y saneamiento por más de S/26.000 millones y reportaba 88 obras paralizadas. Tres casos en Loreto, Ucayali y Tumbes muestran cómo recursos que ya fueron destinados a cerrar las brechas pueden terminar atrapados en obras inconclusas, contratos resueltos o problemas entre entidades públicas.

En San Felipe, Loreto, una obra para instalar agua potable y saneamiento básico comenzó en diciembre de 2019 y permanece paralizada desde octubre de 2020. Debía beneficiar a 822 habitantes, pero registra solo 22,98% de avance físico. El Ministerio de Vivienda reporta una inversión total de S/2,38 millones y mantiene actualmente el proyecto como “paralizada permanente”. El contrato fue resuelto y, según el cronograma oficial, el expediente técnico del saldo de obra aún está por iniciar; su culminación está prevista para mayo de 2027 y el proceso de selección, para noviembre de 2028.

En San Juan Bautista, Ucayali, el problema es distinto. En abril, la Contraloría encontró que la Municipalidad Distrital de Irazola había gastado más de S/7,8 millones —el 93% del presupuesto— en un proyecto contratado por más de S/8,4 millones para beneficiar a más de 260 familias. Los módulos sanitarios fueron construidos, pero no podían utilizarse porque faltaba habilitar el agua potable. La obra se paralizó en febrero de 2025 después de que Provías Nacional objetara la solución planteada para hacer pasar las tuberías por la carretera Federico Basadre.

En Vaquería, Tumbes, una obra de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y mejoramiento del agua potable, valorizada en más de S/5 millones, también ha quedado detenida. El contrato original fue resuelto en 2024; el saldo de obra comenzó en enero de 2025 y volvió a suspenderse desde abril. En mayo de este año, la Contraloría informó que había encontrado componentes abandonados, ejecución incompleta y estructuras expuestas al deterioro, con riesgo para la inversión ya realizada.

Los casos muestran que cerrar la brecha requiere más que aprobar nuevos presupuestos. Gastar no equivale a prestar un servicio. Terminar las obras, corregir expedientes deficientes, coordinar entre entidades y evitar que lo construido se deteriore también determina si la inversión pública termina convirtiéndose en agua para las familias. Después de diez años de avances mínimos, esa gestión debería ser parte central de la discusión.