Corredor minero y anarquía al sur del Perú: un suicidio económico

Nueva ola de violencia en el Corredor Minero Sur podría afectar las operaciones de Las Bambas, Antapaccay y otras. Si el gobierno brindara garantías al sector privado, el ritmo de crecimiento debería estar entre 5 y 6%, niveles que contribuirían a generar más de 140 mil empleos directos.

Nuevamente el sur del país es protagonista de un oleaje de violencia contra el sector minero, que amenaza con la paralización de las regiones de Ayacucho, Apurímac y Cusco, cuya cartera de proyectos está valorizada en US$ 12,557 millones, un poco más del 22% de la inversión minera proyectada a nivel nacional.

Los múltiples conflictos han sido denunciados por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), quien manifestó su preocupación ante la pérdida del principio de autoridad por parte del gobierno.

En este contexto, una vez más la mina Las Bambas se ve obligada a paralizar su producción, debido al bloqueo de carreteras en la región Cusco y a la imposibilidad de extender operaciones en Apurímac por toma de tierras.

Solo la paralización que ha tenido Las Bambas en este 2022 (57 días) generó pérdidas por US$ 615 millones. Si nos limitamos a evaluar el impacto sobre la región de Apurímac, encontraremos que las pérdidas en la recaudación ascendieron a US$ 45.5 millones, equivalentes al 80% de su presupuesto de protección social.

Asimismo, los conflictos sociales estarían perjudicando a más de 75 mil trabajadores directos e indirectos relacionados a Las Bambas y ubicados entre las regiones de Apurímac y Cusco. Si en paralelo, consideramos todos los empleos que podrían verse afectados a lo largo del Corredor Minero, debido a la violencia, estarían en riesgo 2.6 millones de peruanos.

Otro foco de violencia se desarrolla en la provincia de Espinar ubicada en Cusco, donde la compañía minera Antapaccay sufre de hostigamiento por parte de una minoría de “representantes”, que aducen un supuesto incumplimiento de la empresa por un bono de S/ 2,000.

Mientras todo esto ocurre en el Corredor Minero del Sur, en la región de Ayacucho se concentra la violencia en la unidad minera Inmaculada de la empresa Hochschild, donde cerca de treinta comuneros ingresaron ilegalmente a las instalaciones que albergaba a más de 1,700 trabajadores.

El evidente el rechazo del sector privado para invertir en la actividad minera del país crece, hecho que nos llevará a cerrar el 2022 con una caída en la inversión minera del 3.7%, mientras que en el 2023 el retroceso será peor, alcanzando el 16.2%.

Si consideramos que nos encontramos en el mejor escenario posible para la minería, donde se combinan precios altos y demanda de metales, aquí no hay mas responsable que el gobierno de turno.

Con un gobierno que proteja y brinde garantías al sector privado, el ritmo de crecimiento debería estar entre 5 y 6%, niveles que contribuirían a generar más de 140 mil empleos directos.

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