La agenda educativa que regresa al pasado

Durante la última década, el Perú logró ordenar su sistema universitario gracias al licenciamiento, un proceso que cerró decenas de instituciones incapaces de cumplir estándares mínimos y frenó la creación improvisada de universidades. Ese esfuerzo buscó corregir un problema histórico: centros creados por ley sin sustento técnico, sin infraestructura y sin capacidad real de formar profesionales competitivos. Hoy, decisiones políticas impulsadas por dirigentes de Juntos por el Perú amenazan con reinstalar esa precariedad.

El caso más evidente es el de Roberto Sánchez, quien entre 2024 y 2026 participó en la creación de más de 25 universidades públicas sin estudios de demanda, sin planes de sostenibilidad y sin garantías de que podrán licenciarse. Son universidades en papel. Esta agenda contradice el principio que guió la reforma reciente: fortalecer lo existente antes de abrir nuevas instituciones. En lugar de consolidar las universidades públicas ya operativas, dispersa recursos, multiplica pliegos presupuestales y expone a miles de jóvenes de provincias a instituciones que podrían no licenciarse nunca. El país ya vivió ese ciclo de estafa educativa, con ejemplos como la Universidad Politécnica Amazónica en Iquitos o la Universidad Santo Domingo de Guzmán en Lima Este, creadas por ley pero que jamás llegaron a existir.

A este problema estructural se suma un discurso político que baja la vara educativa. Brígida Curo, candidata a la vicepresidencia, reivindica su falta de educación superior como mérito y equipara la formación académica con corrupción. José Castillo, hermano de Pedro Castillo y virtual senador, declaró que no lee libros ni tiene títulos porque son un “estorbo”. En un país donde siete de cada diez estudiantes no comprende lo que lee, que figuras públicas desprecien la preparación técnica no es anecdótico: es un mensaje que normaliza la idea de que el conocimiento no importa.

El patrón es claro. Sánchez impulsa universidades sin sustento técnico; Curo convierte la ausencia de educación formal en identidad política; Castillo rechaza abiertamente la lectura y los títulos. Esta combinación configura una visión de la educación que renuncia a la calidad, la exigencia y la formación rigurosa. Y quienes pagan el costo son siempre los mismos: los jóvenes de menores recursos, que dependen del Estado para acceder a educación superior de calidad y que, bajo este modelo, quedarían atrapados entre universidades sin condiciones reales y líderes que desincentivan el valor del conocimiento.

Lo que está en juego no es un debate técnico. Es el futuro de la movilidad social en el Perú. Retroceder hacia un modelo que ya fracasó sería condenar a otra generación a títulos sin valor, oportunidades truncas y un Estado incapaz de ofrecer servicios de calidad.