Gobierno y sus aliados arremeten contra Fiscal de la Nación y presentan ola de denuncias en su contra
Redacción Vigilante
Publicado 2:16 pm, 13 octubre, 2022
La fiscal de la Nación está en la mira del gobierno y sus aliados que vienen impulsando hasta cinco denuncias constitucionales en su contra tanto en el Ministerio Público como en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Mientras, Pedro Castillo busca boicotear el trabajo de la Comisión de Fiscalización y anular las investigaciones en su contra. Fiscales a nivel nacional cerraron filas en protección y respaldo de la fiscal Patricia Benavides.
Desde que se conoció la decisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de investigar al presidente Pedro Castillo y su entorno debido a la gran cantidad de indicios de corrupción, el gobierno, mediante sus ministros y aliados políticos, articularon una estrategia para desacreditarla y para ello usaron los consejos de ministros descentralizados y otros medios afines suyos.
Sin embargo, el tiempo dio razón al minucioso trabajo fiscal que se sustentó en seis denuncias, dos de ellas por organización criminal. Todas ellas, finalmente, confluyeron en una denuncia constitucional contra el presidente Castillo presentada en el Congreso por ser el presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, agravada por su condición de líder de una estructura vertical, así como por tráfico de influencias agravado y colusión. La denuncia también contempla a los exministros Juan Silva, extitular de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado, ex titular de Vivienda.
Además, expone la existencia de “siete brazos” en la estructura piramidal denominados ‘Gabinete en la sombra’, brazo congresal, brazo familiar, brazo lobbista, brazo Secretaría General (coordinación), brazo ministerial y altos funcionarios, y brazo obstruccionista.
Toda la estructura habría estado dedica a obtener beneficios económicos ilícitos mediante la entrega de obras o proyectos en los ministerios y otras entidades del Estado priorizando un mal uso del dinero de los contribuyentes y la destrucción de la institucionalidad y la meritrocacia en el sector público.
Pero el intento de desacreditar a la fiscal de la Nación no solo quedó en palabras, sino que los aliados e inclusos ministros han presentado medidas legales para arremeter contra Benavides. Sobre la denuncia fiscal de Benavides se debe tener en cuenta que se sustenta en las declaraciones de 10 colaboradores eficaces, con 12 folios de argumentos y varias pruebas.
En tanto, las denuncias contra la fiscal de la Nación se argumenta principalmente en interpretaciones propias de los denunciados sobre el actuar de Benavides, pero no entregan pruebas ni mucho menos. A ello se suma que desde todos los frentes se busca atacar la labor fiscal, mientras Benavides se mantiene sola y firme en su denuncia constitucional contra Castillo.
ABOGADOS DE BERMEJO
El 7 de octubre, Benavides fue denunciada penalmente por los presuntos delitos de organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción de la justicia, por los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, ambos vinculados al congresista Guillermo Bermejo y conocidos como “asesores externos” del mandatario.
Ambos argumentan que Benavides estaría “debilitando la acción del Ministerio Público” al cambiar a la fiscal suprema adjunta titular, Bersabeth Revilla, quien investigaba a la jueza superior Enma Benavides, hermana de la titular de la Fiscalía, por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico y asociación ilícita para delinquir.
Pero no bastó con ello. Esta semana, ambos abogados presentaron otras denuncia penal contra la fiscal de la Nación por el presunto delito de prevaricato que que consideran que Benavides ha actuado de manera contraria a la ley, tras interponer una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo.
«Acudimos a su Despacho con la finalidad de interponer denuncia penal contra Liz Patricia Benavides Vargas, fiscal de la Nación, por la comisión del delito de previcariato, ilícito penal previsto en el artículo 418 del Código Penal y sancionado con una pena máxima de cinco años», se lee en el documento dirigido al fiscal supremo.
BERMEJO BUSCA INHABILITACIÓN DE BENAVIDES
El congresista Guillermo Bermejo, de la bancada Perú Democrático, también hizo lo suyo presentado hoy una denuncia constitucional contra la Fiscal de la Nación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, encubrimiento personal y obstrucción de la justicia. Su finalidad es sacarla del cargo.
«En consecuencia, solicito que se sirva admitir a trámite la presente denuncia e inicie la investigación correspondiente y, en su momento, primero, disponga la suspensión e inhabilitación de la denunciada y, segundo, emita opinión favorable de acusar a la Fiscal de la Nación”, se lee en el documento.
Bermejo, detalla que Benavides habría infringido tres artículos de la Constitución referidos al derecho de igualdad ante la ley, principio de independencia y no interferencia y ejercer influencia ante otros fiscales por causas que investigan.
BETSSY CHÁVEZ Y SU DENUNCIA
La ministra de Cultura y congresistas de Perú Democrático, Betssy Chávez, también se convirtió en una de las escuderas del presidente. Cabe recordar que Chávez fue censurada por el Congreso cuando fue ministra de Trabajo, pero Castillo la reincorporó al gobierno designándola como ministra de Cultura.
Así, Chávez presentó una denuncia constitucional contra Benavides solicitando el inicio de un procedimiento de acusación constitucional por la presunta infracción a los artículos 117° y 145° de la Constitución, así como por incurrir en presuntas conductas tipificadas en los artículos 376° y 418 del Código Penal.
En esa línea, la congresista sostiene que la denuncia constitucional presentada contra el Castillo consigna delitos no contemplados dentro del artículo 117°. “Pone en evidencia que lejos de actuar con objetividad y en el marco constitucional, estaría poniendo al Ministerio Público como parte de un plan sistemático para desestabilizar al Gobierno, es decir, dándole una connotación puramente política a su actuación fiscal”, indica el documento.
CASTILLO PRESENTÓ AMPARO
En concreto, lo que busca Castillo es que el Congreso se abstenga de ejercer control político arbitrario, como viene realizando a partir de otorgarle funciones investigadoras al grupo de trabajo que viene revelando graves indicios sobre la corrupción en el gobierno. Un detalle a tomar en cuenta sobre estas denuncia es que el propio abogado del presidente, Benji Espinoza, mostró su malestar ante la medida debido a que él no tenía conocimiento de la misma.
En respuesta, el titular de la Comisión, Héctor Ventura, señaló que el comportamiento del presidente revela su intención de “victimizarse deslegitimando las acciones que esta realizando el Ministerio Público, la Comisión de Fiscalización y los medios de prensa; es decir que ese afán de pretender dirigir al error está jugándole una mala pasada. Todas sus acciones legales están siendo desestimadas”.
“La Comisión estamos cumpliendo funciones y obligaciones tal cual nos dispone la Constitución. No estamos asumiendo otras actitudes deshonestas, matonescas ni violentistas como algunos que pretenden llamar a la población para bloquear o impedir el trabajo que se realiza”, declaró.
FISCALES CIERRAN FILAS EN PROTECCIÓN DE BENAVIDES
“Reiteramos nuestro respaldo y apoyo a la decisión institucional de la señora Fiscal de la Nación que, en uso de sus facultades y atribuciones constitucionales, ha presentado la denuncia constitucional contra el presidente de la República y otros altos funcionarios aforados”, dijo el fiscal Rafael Vela en apoyo a la fiscal de la Nación y a la lucha contra la corrupción que emprendió desde que llegó al sector.
Tras su pronunciamiento, se conoció que los Presidentes de la Junta de Fiscales Superiores a nivel nacional y Coordinadores Nacionales de las Fiscalías Especializadas del Ministerio Público emitieron hoy un comunicado respaldando la acción de la Fiscalía tras presentar la denuncia constitucional contra Castillo.
“Nos reafirmamos en la defensa de la autonomía constitucional del Ministerio Público frente a todo tipo de injerencia que afecte nuestra institucionalidad. Los fiscales no somos actores políticos, sino operadores de justicia y no actuamos bajo ninguna forma de presión política, mediática o económica”, agregó Vela.