Más de 50 empresas logran medidas cautelares contra norma que prohibe tercerización laboral

Al menos 200 empresas han recurrido al Poder Judicial y 92 al Indecopi, y han logrado resoluciones a favor porque el decreto del MTPE es ilegal y carece de sustento, según expertos. Congreso podría aprobar este jueves ley que anula restricción.

Como se tenía previsto, al menos 200 empresas han recurrido al Poder Judicial (PJ) y 92 al Indecopi para evitar la aplicación del decreto supremo aprobado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) que prohíbe la tercerización laboral en las actividades nucleares del negocio, medida que afectará el empleo formal y la productividad y competitividad de las empresas.

De esa ola de demandas, pese a las amenazas del MTPE, hay entre 40 y 50 resoluciones por medidas cautelares a favor de empresas, en primera y segunda instancia, precisó el abogado laboralista Jorge Toyama. Este total de resoluciones incluye más de 50 empresas, porque muchas acciones de amparo fueron presentadas en conjunto, precisó el experto.

La cuestionada norma que restringe la tercerización laboral —mecanismo legal de contratación que en 2020, en plena pandemia, dio empleo formal a más de 240 mil personas— se aprobó en febrero pasado, en la gestión de la censurada ministra Betssy Chavez, y entrará en vigencia el próximo 23 de agosto, si es que el Congreso no la deroga antes de este 15 de julio en que acaba la actual actual legislatura. Hay un proyecto de ley ya listo para verse en el Pleno.

“Desde hace dos a tres meses las empresas vienen presentando acciones legales porque esta norma las afecta. El sector minero tiene un 92% de concentración de empresas subcontratadas, mientras que en manufactura el nivel de empresas subcontratadas asciende a 87%”.

Antonio Castillo, gerente de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

¿Y por qué el PJ está fallando a favor de las empresas? Porque la norma del Ejecutivo es ilegal, señaló Toyama, al explicar que la ley de tercerización laboral sí permite tercerizar actividades nucleares, pero el decreto que modifica el reglamento no. “Un reglamento no puede ir en contra de la ley, esto es ilegal. Además la ley (de tercerización) ya fue declarada constitucional por el Tribunal Constitucional. Se está afectando el derecho a la libertad de empresa y la libertad de contratación”, remarca.

La norma y su impacto

De aplicarse la medida, habrá un impacto negativo en la reactivación económica, la empleabilidad y la productividad del país, porque pueden quebrar unas mil empresas y se perderían hasta 114 mil empleos formales, 71 mil en las mypes y 43 mil en las grandes empresas, según un análisis de la Asociación de Contribuyentes del Perú.

Según la ley vigente, la tercerización laboral se refiere a la contratación de una tercera empresa para que realice labores especializadas. Por ejemplo, una empresa inmobiliaria se encargan del diseño del proyecto, pero terceriza la construcción y la decoración.

Además, la ley que regula la tercerización es clara al señalar que los trabajadores tercerizados tienen los mismos derechos que los contratados a tiempo indeterminado en la empresa tercerizadora, y que no se puede utilizar la tercerización para limitar derechos sindicales o de negociación colectiva.

Según el MTPE, el uso indiscriminado de este mecanismo de contratación estaría afectando derechos de los trabajadores, pero este argumento no resiste el menor análisis, porque la ley que regula la tercerización fija requisitos para su aplicación y sanciones claras en caso de incumplimientos.

Los casos concretos de abusos e infracciones se enfrentan reforzando y mejorando el rol fiscalizador y supervisor del Estado, a través de la Sunafil, entidad que en este gobierno fue copada por personas sin capacidad ni experiencia. Pero no se puede pretender eliminar un mecanismo de contratación legal, que es un fuente de empleo formal además, porque el Ejecutivo no puede hacer su trabajo.

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