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Indecopi da primer paso contra límites a la tercerización y el MTPE insiste en amenazas

Organismo declara en primera instancia como una barrera burocrática ilegal el decreto del gobierno que prohíbe mecanismo de contratación y dispone que no se aplique de manera general en empresas y ciudadanos que se vean afectados. ¿Qué viene ahora? 

Norma que prohíbe la tercerización laboral en el Perú sufre su primer revés.

En primera instancia, el Indecopi emitió el 18 de agosto último la Resolución 289-2022/CEB, la cual señala que el Decreto Supremo 001-2022-TR, que prohíbe el uso de la tercerización laboral en labores “nucleares” y complementarias de un negocio, es una barrera burocrática ilegal, por lo que no debe ser aplicado de forma general en empresas y ciudadanos que se vean afectados con su imposición.

Así, el organismo dio el primer paso para dejar sin efecto una norma que tiene claros visos de ilegalidad y que afectará la generación de empleo formal, así como la competitividad y productividad del país, según expertos.

Una vez publicada la resolución del Indecopi, y al ser un fallo en primera instancia, aún es apelable, por lo que de darse el caso, este quedaría en suspenso hasta que se resuelva la impuganación.

El abogado laboralista Jorge Toyama explicó que Cosapi, la empresa que interpuso el procedimiento de inaplicación que dio lugar a la resolución, podría “pedir una medida cautelar sobre el fondo, en beneficio de todos los peruanos”, para dejar sin efecto la norma de manera general.

De hecho, a la fecha, hay unas 250 empresas, privadas y públicas, con medidas cautelares del Poder Judicial vigentes contra el decreto. Una de las demandantes es precisamente Sedapal, porque la norma pone en peligro el servicio de agua de y hay otras empresas de servicios públicos con procesos en curso.

Una medida cautelar es una figura que adelanta el efecto de un fallo judicial y un juez la otorga cuando considera que hay un alto grado de posibilidad de que el demandante ganará.

La mayoría de especialistas del derecho laboral coinciden en que ese será finalmente el destino de la norma del gobierno, porque no solo es ilegal, sino que además carece de sustento técnico.

Insisten en amenazas

De ahí la reacción del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), ahora a cargo Alejandro Salas, que volvió a amenazar a jueces y funcionarios a cargo de los procesos de inaplicación de la norma con interponer denuncias penales y administrativas.

“Exhortamos a las autoridades a que respeten la normativa emitida por este sector en defensa de la legalidad y los derechos de los trabajadores”, refirió en un comunicado.

Además, el MTPE anunció un nuevo protocolo de Sunafil con los criterios para iniciar la fiscalización y el cumplimiento de la norma.

Pero lo cierto que el decreto en cuestión no pasó por el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), como exige la ley, lo que generó incluso que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la que pertenece el Estado peruano, llame la atención al gobierno.

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