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Agenda laboral del gobierno precariza el empleo formal y alienta informalidad, según expertos

Pablo Lavado, Luis Vinatea y Ana María Choquehuanca abordan la crisis en el sector y proponen soluciones. Recordaron que recientemente el Banco Central publicó un informe en el que destaca que la tercerización en Perú es positiva, porque genera especialización, ventaja comparativa, eficiencia y economía de escala; por tanto, aumento de la productividad.

La eliminación de la tercerización laboral a través del Decreto Supremo N° 001-2022-TR, aprobado por el Ministerio de Trabajo (MTPE) sin un diálogo social, no solo sienta un pésimo precedente en el país, sino que además afectaría a más de 100 mil personas que corren el riesgo de perder sus puestos de trabajo. Ante este escenario, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) reunió a expertos en el tema para abordar la problemática desde el enfoque “Generación de empleo, producción nacional y situación laboral”.

Durante el encuentro, Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación PYME Perú, señaló que el DS 001-2022-TR atenta contra los derechos fundamentales de todos los peruanos. porque afecta la libertad de contratación, el derecho al trabajo y la libertad de empresa. “Esta es una medida populista con un claro sesgo ideológico que aprobó el MTPE a espaldas del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), espacio de diálogo entre empleadores y trabajadores; que solo va a traer consigo la precarización del empleo y más informalidad”, subrayó.

En ese sentido, lamentó que el gobierno de Pedro Castillo desconozca los efectos positivos de la tercerización de servicios, que es un mecanismo reconocido a nivel mundial porque contribuye a elevar la productividad, eficiencia y seguridad para los trabajadores.

“Son las pymes, por ejemplo, las que se han especializado en el sector minero, sobre todo en el rubro de metalmecánica con muy buenos resultados. A nivel nacional, la data indica que el 62% de las empresas han tercerizado sus servicios de mantenimiento, 32% tercerizó la seguridad de sus instalaciones y un 14% parte de su proceso de producción”, indicó.

Asimismo, Choquehuanca expresó su preocupación porque la agenda laboral que promueve el gobienro tiene un impacto sumamente negativo sobre la pequeña y mediana empresa, ya que no fomenta el empleo formal, por el contrario, se alienta la precarización del empleo, la llamada “planilla negra” y la informalidad. “No se debe azuzar una cultura de enfrentamiento y odio entre trabajadores y empleadores porque pierde la empresa y el país. Más bien se debe fomentar el empleo formal y un entorno favorable a fin de crear más empresas”, agregó.

Por su parte, Luis Vinatea, abogado laboralista, manifestó que el DS 001-2022-TR se dio sin un análisis técnico y respondiendo a una decisión política de Palacio, ya que se aprobó sin un diálogo social y al margen del Consejo Nacional de Trabajo. Precisó que estamos frente a una norma ilegal que ha motivado diversos procesos judiciales y administrativos; incluso el Indecopi, en primera instancia, ha declarado que los alcances de este decreto constituyen barreras burocráticas ilegales.

“Lo esencial es potenciar la fiscalización para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, pero lamentablemente el gobierno ha preferido prohibir la tercerización, que es un mecanismo que es reconocido por la propia Organización Internacional del Trabajo”, citó.

De otro lado, dijo que la futura aplicación de un nuevo Código de Trabajo o de los DS 001-2022 (Tercerización) y DS 014-2022 (Relaciones Colectivas) expedidos por el MTPE, impactan frontalmente sobre el mercado de trabajo, haciéndolo más costoso y rígido. En esa línea, agregó que ninguna de las normas laborales se aplica al 80% de la masa trabajadora que se encuentra en el sector informal, la cual no tiene acceso a la protección social.

A su turno, Pablo Lavado, de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, recordó que recientemente el Banco Central de Reserva (BCR) publicó un informe en el que destaca que la tercerización en el Perú es positiva porque genera especialización, ventaja comparativa, eficiencia y economía de escala; por tanto, aumento de la productividad que se traduce en mejores ingresos para la empresa y el trabajador.

“Al prohibir la tercerización no se está protegiendo al trabajador, sino lo contrario, porque se genera menos empleo y una caída de los ingresos. En países como Ecuador, Bolivia y México hemos visto como esa medida restrictiva generó efectos contrarios”, acotó.

Respecto a los alcances del DS 014-2022 (Relaciones Colectivas), Lavado refirió que la norma está dando mucho peso a los sindicatos, lo que va a traer como consecuencia que se va a encarecer la contratación, ralentizar la generación de empleo y gatillar la conflictividad laboral. Finalmente, expresó que se necesitan reformas para incrementar la productividad y fortalecer las instituciones que son importantes para el desarrollo del Perú.

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