Fiscalía pide a la justicia investigar a Pedro Castillo como “líder de una organización criminal”
Redacción Vigilante
Publicado 3:53 pm, 15 junio, 2022
El magistrado Samuel Rojas sostiene que hay indicios de que la lobista Karelim López entregó al presidente un total de S/ 155,000 en Palacio de Gobierno y en la casa de Sarratea, que el mandatario usó durante la campaña y como despacho clandestino en los primeros meses de su gestión.
Se complica su situación legal. La Fiscalía de la Nación solicitó al Poder Judicial investigar al presidente Pedro Castillo como “líder de una organización criminal” enquistada en el Estado para obtener “beneficios ilegales” de los contratos por obras públicas otorgadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Samuel Rojas, representante de la Fiscalía de la Nación, explicó ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria los motivos por los cuales el titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, abrió una investigación preliminar contra al mandatario, al responder a la demanda de “tutela de derechos” presentada por el abogado del jefe de Estado, Benji Espinoza, para que se anule este proceso.
“Es la primera vez que un presidente en funciones ha sido sindicado de liderar una organización criminal enquistada en los estamentos del Estado”, dijo Rojas durante su exposición en los que señaló a Pedro Castillo de “cometer delitos de corrupción”.
El magistrado pidió a la sala que evalúe la necesidad de compatibilizar los artículos de la Constitución que señalan, por un lado, que el presidente de la República solo puede ser acusado por traición a la patria o impedir las elecciones, mientras esté en el cargo; en tanto que, por otro, pide al Estado combatir los actos de corrupción.
Añadió que la investigación contra Castillo “no proviene de una acusación de organización civil, ni de un miembro del Congreso”, sino de información “gestada en investigaciones fiscales”, a raíz de las irregularidades denunciadas en el MTC respecto a las adjudicaciones de una serie de obras públicas.
“Esa circunstancia hace necesaria que el Ministerio Público adopte la medida de variar el criterio, dada la gravedad de las imputaciones y los indicios que hacen que esta imputación no sea política”, apuntó Rojas.
La defensa del mandatario presentó una demanda de tutela de derechos para evitar que el fiscal de la Nación investigue Castillo sobre las imputaciones que lo señalan como cabecilla de una mafia que direccionaba obras adjudicadas por el MTC y de nombrar a funcionarios afines a ese objetivo.
“Es el primer mandatario del Estado que está llamado a cautelar el interés nacional, quien está siendo imputado de perpetrar delitos de corrupción de funcionarios”, remarcó el fiscal Rojas.
Por la trama de corrupción en el MTC están actualmente denunciados y con orden de captura el exministro Juan Silva, el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y el sobrino de Castillo, Fray Vásquez.
Además, la fiscalía tiene los testimonios de los empresarios Karelim López y Zamir Villaverde, quienes admitieron haber gestionado intereses de empresas que ganaron licitaciones y han presentado audios que corroborarían sus denuncias.
En la audiencia, el fiscal Rojas informó además que hay grabaciones que revelaron que Villaverde entregó S/ 30,000 a Juan Silva para dárselos a Pedro Castillo, y, asimismo, que tienen indicios de que Karelim López entregó al jefe de Estado un total de S/ 155,000 en Palacio de Gobierno y en la casa de Sarratea, que el presidente usó durante la campaña electoral.
Por su parte, el exsecretario Bruno Pacheco fue imputado por desbalance patrimonial a escasos cuatro meses de asumir ese cargo y después de que la fiscalía encontrara US$ 20,000 ocultos en el baño de su oficina en Palacio.
A su turno, el abogado de Castillo, Benji Espinoza, insistió en que el fiscal de la Nación no es competente para investigar al presidente y sostuvo que su cliente ha recibido un “trato discriminatorio” porque a ningún expresidente se abrió investigación mientras estuvo en funciones. “Esperemos que (la sala) declare fundada mi demanda, si la Constitución defiende por igual a todos los peruanos”, alegó el abogado defensor legal.
En paralelo, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó variar la condición del presidente de testigo a investigado, en la pesquisa que desarrolla sobre las reuniones que sostuvo el mandatario en la casa de Sarratea, donde se reunió con funcionarios y empresarios imputados actualmente.