JNE resuelve después de las elecciones casos de reelección de alcaldes en cinco regiones

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió el 6 de noviembre que los alcaldes que postularon como primeros regidores no pueden asumir nuevamente la alcaldía si ejercieron ese cargo durante el periodo anterior. La decisión llegó más de un mes después de las elecciones municipales del 4 de octubre y obligó a revisar proclamaciones en distintas regiones, pese a que la controversia ya había sido planteada antes de la votación.

El artículo 194 de la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes. Sin embargo, según el Instituto Aklla, 131 alcaldes elegidos en 2022 postularon como primeros regidores. Uno de ellos fue Rafael López Aliaga, quien quedó en posición de asumir la alcaldía de Lima tras la renuncia del candidato titular de Renovación Popular. En septiembre, el JNE rechazó un pedido de exclusión contra él por haber sido presentado fuera de plazo, sin pronunciarse sobre el fondo de la controversia.

La falta de un criterio definitivo antes de los comicios tuvo consecuencias en las regiones. Tras revisar 427 actas de proclamación, el JNE identificó seis municipalidades que requerían correcciones: Marca, en Áncash; San Jerónimo de Tunán, en Junín; La Esperanza y Víctor Larco Herrera, en La Libertad; Zapatero, en San Martín; y Condorcanqui, en Amazonas.

En Zapatero, Carlos Hidalgo Reátegui había sido proclamado alcalde, pero el JNE corrigió la decisión a favor de Diana Sánchez, segunda integrante de la lista. Algo similar ocurrió en Condorcanqui, donde Hermógenes Lozano Trigoso fue reemplazado en la proclamación por Luz Pumaricra. Ambos habían postulado como primeros regidores y ejercían la alcaldía durante el periodo anterior. En Lima, el mismo criterio impediría que López Aliaga asuma el cargo y abriría paso a Jeanette Alonzo, segunda regidora de Renovación Popular.

Más de 63 mil electores afectados en abril

Los cuestionamientos a los organismos electorales no comenzaron con las municipales. Durante las elecciones generales del 12 de abril, fallas en la distribución del material electoral impidieron instalar 211 mesas de sufragio en 15 locales de Lima sur. Según la ONPE, 63 300 ciudadanos no pudieron votar durante esa jornada. Al día siguiente se habilitó una votación extraordinaria.

La distribución estaba a cargo de Servicios Generales Galaga S.A.C., contratada por más de S/6,3 millones. El entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto, renunció el 21 de abril. Dos días después, el JNE declaró inviable realizar elecciones complementarias.

En 2026, el Estado destinó S/2 271 millones a los procesos electorales, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los problemas de abril y noviembre exponen dos aspectos distintos de la gestión electoral: la capacidad de organizar una votación sin dejar mesas sin instalar y la necesidad de resolver oportunamente controversias que afectan quién puede asumir un cargo. En ambos casos, las consecuencias llegaron directamente a los electores. Las reglas sobre quién puede gobernar deben estar claras antes de votar, no cuando los resultados ya están definidos.