Según el MEF, se destinaron S/ 9,537 millones a la ejecución de obras públicas. El gobierno nacional invirtió S/ 4,394 millones, mientras que los gobiernos regionales gastaron en obras públicas S/ 2,240 millones. 

Los gobiernos regionales gastaron el 55% de los fondos públicos. Las regiones de Arequipa, Junín y Ayacucho registran un avance superior al 70%. 

Los gobiernos regionales recibirán un total de S/ 52,438,612,287. El gobierno regional de Arequipa, a pesar de las situaciones de corrupción, mostró un crecimiento promedio de 7% de sus recursos año tras año.

El sector Agrario, que tiene el mayor presupuesto, solo ejecutó el 24% hasta el cierre de octubre. Mientras que resulta impensable que los gobiernos regionales de Puno y Moquegua tienen el 0% de avance.

Los gobiernos regionales y locales podrán destinar el canon para reforzar a la PNP. Las cifras señalan que solo entre enero y marzo la mayor cantidad de denuncias por comisión de delitos se produjeron en Lima (45 303), Lambayeque (10 286), Arequipa (8 966) y La Libertad (8 357).

El Congreso derogó la ley que regulaba la construcción de obras públicas que no superan las 50 UIT bajo la modalidad de administración directa por parte de los gobiernos locales y regionales. Expertos aseguran que esta decisión solo le abre paso a la corrupción y la falta de transparencia al ejecutar proyectos en favor de los contribuyentes.

El Estado registra un gasto público equivalente a S/151,160 millones durante el primer semestre del 2023. Esta cifra representa un 6.9% más dinero que el similar periodo del año anterior, lo cual refleja una mayor inversión en obras y programas públicos de S/29,532 millones.

A 90 días de terminar el año los gobiernos regionales y locales solo han ejecutado el 43% de su presupuesto para gestión de desastres y emergencias, esto es para prevenir el impacto del Fenómeno El Niño a partir del verano 2024.

Los Gobiernos Regionales destinan casi el 70% de su presupuesto asignado al pago de planillas y demás actividades (planillas, consultorías, alquileres, terceros, etc.), mientras que solo el 30% se destina a la construcción de obras.

Ayacucho es la cuarta región con el mayor número de obras paralizadas en 2023. En total, se tratan de 120 proyectos inconclusos que evitan que los ciudadanos de la región cuenten con mejores sistemas de agua y desagüe, riego, salud y educación.

Cusco acumula un total de 293 proyectos inconclusos, los cuales representan una inversión pública de S/580,602,854.

La inversión pública en estas obras paralizadas supera los S/24,090 millones. Recordemos que este dinero proviene del bolsillo de los contribuyentes, quienes no reciben servicios de calidad debido a la pésima gestión de las autoridades.

 17 departamentos ejecutaron menos del 50% del presupuesto público asignado a reducir la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres naturales. ¿Qué están haciendo las autoridades regionales?

¡Atención! 18 233 proyectos ya perdieron su vigencia, cuyo costo estimado de inversión asciende a los S/ 90 506 millones. Además, existen 5835 proyectos, por un costo de inversión de S/ 36 170 millones, que están en riesgo de perder su vigencia.

Las contrataciones sin proceso son un mecanismo de contratación de proveedores que es utilizado en los distintos niveles del gobierno, en teoría, de manera excepcional por montos iguales o menores a 8 o 9 UIT (alrededor de S/39 000). En 2022 se emitieron 3.8 millones de ordenes de compra y servicio, siendo los gobiernos locales los que gastaron más: S/9.7 mil millones.

Cifras del Ministerio de Economía reflejan cómo el Gobierno Central destina más de S/3 mil millones a la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, sin embargo, hasta el 18 de mayo de 2023, se utilizó menos del 35% del presupuesto en las 25 regiones del país.

Estas obras tienen, en total, una inversión de S/ 22 mil 902 millones, de los cuales falta ejecutar más de S/ 10 724 millones, al 31 de marzo del 2023. Solo entre Cusco y Puno suman más de 500 obras paralizadas.

Según el Ministerio Público, de los 25 gobernadores regionales, escogidos por voto popular en 2018, 21 registraron procesos activos por delitos de corrupción y, según la Contraloría, 13 gobernadores regionales en función tienen antecedentes por haber sido involucrados en casos de corrupción. Iniciativa busca que autoridades rindan cuentas.

La iniciativa tiene como objetivo "promover la adecuada fiscalización y acciones de control a la función pública llevada a cabo por los gobernadores regionales". Cabe recordar que los 25 gobernadores regionales anteriores cuentan con dos hasta 62 investigaciones fiscales activas. 

Las propuestas buscan impulsar las regiones. La Confiep presentó 5 ejes temáticos en donde trabajar: sistema político y electoral, funciones de los gobiernos subnacionales, gestión presupuestal, ordenamiento territorial y mecanismos de fiscalización.