¿Es necesario que el Congreso interpele a los gobernadores regionales?: esto dicen 3 especialistas

Un proyecto de ley, impulsado por Alejandro Cavero de Avanza País, busca que los 25 gobernadores regionales rindan cuentas a la ciudadanía a través de la interpelación parlamentaria y, en caso sea necesario, se permita una acusación constitucional. Según explicó el parlamentario, “se les llamaría al Pleno con una serie de preguntas para que respondan acerca de su gestión, porque el actuar de sus gobiernos no solo tiene relevancia regional, sino nacional”.

Las cifras son una alerta, al menos, de lo necesario que es tener bajo el ojo público las gestiones regionales, pues decenas de esas autoridades han sido acusadas e investigadas por corrupción, colusión, malversación de fondos e falta de ejecución de obras. Según el Ministerio Público, de los 25 gobernadores regionales escogidos por voto popular en 2018, 21 registraron procesos activos por delitos de corrupción y, según la Contraloría, 13 gobernadores regionales en función tienen antecedentes por haber sido involucrados en casos de corrupción.

¿Es adecuada esta propuesta?

Este proyecto de ley no especifica en qué situaciones se podrá interpelar a un gobernador regional, sino que plantea que las causas que los lleven a la interpelación sean las que decida la ciudadanía a través de sus representantes. De acuerdo con el analista político, José Manuel Magallanes, “habría que aclarar la norma para establecer en qué situaciones sería viable la interpelación a los gobernadores regionales”. “Podrían utilizarse las mismas categorías que se usan para un presidente; por ejemplo, como la incapacidad moral permanente. Pero un gobernador regional y un presidente no son lo mismo. El Congreso deberá afinar los lineamientos de la interpelación de gobernadores”, sostuvo a Vigilante.pe.

En tanto, el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, consideró que, para que prospere la propuesta, se necesita evaluar y reestructurar el sistema de regionalización nacional, la cual, según Álvarez, “se dio de forma apresurada y se falseó el concepto”.

“Nosotros no tenemos regiones, tenemos departamentos provistos de una serie de atribuciones nuevas con presupuesto para ello, pero no hay una clase política para esas mal llamadas regiones. El Gobierno debería liderar un nuevo movimiento de regionalización con consulta popular de la mano de un conjunto de expertos que analicen las cuencas económicas para que sea una regionalización pensada”, explicó Álvarez a este medio.

Desde su punto de vista, es posible que el control del Congreso no sea suficiente y que se necesite la intervención de otras entidades como la Asamblea de Gobernadores Regionales, que de forma colectiva puedan suspender a algunos de sus colegas, como se hace en la Corte Suprema o en el Tribunal Constitucional cuando uno de ellos tiene notorias inconductas.

Álvarez propuso que se evalúe la creación de alrededor de 7 regiones con características similares, cada una con un puerto y una carretera, que sean autónomas entre ellas, lo que podría facilitar el control regional por parte del gobierno central.

El director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo Herrera, coincide con Álvarez en esta última idea, pero propone la creación de 4 regiones macro (norte, sur, centro y oriente). “Al hacerlo, tendrían independencia funcional y sería más fácil ejercer control sobre ellas. Se necesita una estructura equilibrada y que pueda ser controlada, pero se requiere mucha valentía para lograr la integración entre regiones”, comentó Herrera.

En esa línea, Herrera consideró que es urgente crear procedimientos adecuados y cambiar la actitud de los gobiernos, trazando directrices en cómo se debe gastar e invertir. Sin embargo, considera que la propuesta de Cavero “es una medida más“. “Lo que necesitamos es que las leyes cambien las cosas, no que se rellene con sanciones o controles insuficientes, lo que se necesita realmente es una fiscalización efectiva que no se dará desde el Congreso de la República por muchos casos de conflicto de intereses”, explicó para Vigilante.pe.

A propósito de un posible conflicto de intereses, Magallanes recordó que los congresistas, por ejemplo, no tienen capacidad ejecutora. Desde su análisis, esta ley podría permitir que los congresistas negocien con los gobiernos regionales para presionar la ejecución de obras y que los parlamentarios cumplan sus propias promesas mediante ellos.

Por ahora, lo que toca es esperar al proceso de la defensa del proyecto y el debate en el parlamento. Para que la iniciativa se materialice, se necesitan 87 y dos legislaturas consecutivas, o 66 votos y un referéndum.