SUNAT destaca embargos y cuestiona recursos legales de contribuyentes

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) presentó como un logro su campaña de cobranza coactiva contra 1 354 contribuyentes con domicilio fiscal en Lima. La entidad informó que desplegó a 85 ejecutores y auxiliares coactivos para intervenir 73 domicilios fiscales y establecimientos anexos, donde se aplicaron medidas de embargo. También cuestionó el presunto uso reiterado de mecanismos legales para retrasar los pagos. La campaña pone nuevamente el foco en una SUNAT que destaca sus resultados de medidas coercitivas, mientras sigue pendiente el desafío de facilitar el cumplimiento tributario y garantizar los derechos de los contribuyentes.

Impugnar una deuda no es evadir impuestos

La SUNAT sostiene que algunos contribuyentes utilizan repetidamente recursos legales para postergar el pago de sus deudas y califica estas prácticas como «argucias legales». Sin embargo, reclamar frente a un cobro que se considera incorrecto es un derecho del contribuyente. Una impugnación puede responder a una discrepancia sobre el monto exigido o buscar que se revise una decisión de la administración, sin que la presentación reiterada de recursos demuestre, por sí sola, una intención de evadir impuestos.

La administración tributaria tiene facultades para exigir el pago de las deudas legalmente cobrables, incluso mediante embargos. El problema surge cuando el ejercicio del derecho de defensa se presenta como una conducta evasiva sin distinguirlo del incumplimiento deliberado. El ejercicio del derecho de defensa no debería convertirse en motivo de sospecha para una administración tributaria que también necesita generar confianza entre los contribuyentes.

¿Una deuda implica competencia desleal?

La SUNAT también sostiene que los embargos buscan proteger a las empresas que cumplen sus obligaciones frente a quienes obtendrían ventajas al no pagar impuestos. Sin embargo, mantener una deuda tributaria no equivale necesariamente a competir deslealmente. Una empresa puede discrepar del monto exigido por la administración sin haber obtenido una ventaja frente a sus competidores. Presentar la cobranza como una medida contra la competencia desleal supone una relación que no puede establecerse únicamente por la existencia de una deuda.

En medio de este enfoque centrado en la cobranza, el superintendente nacional de la SUNAT, César Luna Victoria, ha planteado que el presupuesto de la institución vuelva a calcularse como un porcentaje de lo recaudado. En una entrevista con Semana Económica, también sostuvo que la administración tributaria «alimenta al país» y que sus trabajadores deberían recibir remuneraciones más altas. La propuesta plantea un riesgo: si los recursos de la entidad dependen directamente de cuánto recauda, ahora tendría mayores incentivos para intensificar la cobranza de deudas sin respetar el debido proceso.

Esta preocupación tiene antecedentes concretos. El Tribunal Constitucional ha intervenido frente al cobro de intereses acumulados por demoras atribuibles al propio Estado y ha anulado resoluciones de la SUNAT por notificaciones que afectaron el derecho de defensa. A ello se suman los cuestionamientos de especialistas a las interpretaciones utilizadas por la administración tributaria para exigir el pago de deudas a terceros. Son actuaciones que ponen en discusión los límites de las facultades de fiscalización y cobranza, así como las garantías que deben respetarse frente a los contribuyentes.

Mientras la SUNAT destaca sus operativos contra contribuyentes que ya forman parte del sistema tributario, alrededor del 70% de la población ocupada en el Perú trabaja en la informalidad, según el INEI. Este indicador refleja uno de los grandes desafíos económicos del país: ampliar la formalidad. Simplificar trámites, reducir los costos de cumplimiento y garantizar el derecho de defensa permitiría avanzar hacia una recaudación menos concentrada en quienes ya tributan y con una base más amplia de contribuyentes.