Perú es el segundo país más burocrático para las pequeñas empresas entre 27 naciones

Formalizar una pequeña empresa en el Perú exige 3,853 horas de trámites, casi dos años de jornadas laborales de una persona, frente al promedio de 1,638 horas, según el Índice de Burocracia 2026 del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU), que mide el tiempo que exige el Estado para abrir, operar y cerrar pequeñas empresas en 27 países de América Latina, el Caribe y Europa. El capítulo peruano fue elaborado por la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), que reconstruyó trámite por trámite el recorrido de empresas de diversos sectores.

Las trabas para abrir, mantener y cerrar una empresa

El estudio identifica que las exigencias burocráticas afectan a las pequeñas empresas durante todo su ciclo de vida, desde la apertura hasta el cierre. En la primera etapa, el principal obstáculo es la licencia de funcionamiento municipal, incluido el certificado de Defensa Civil, que consume 1,879 horas, el 48.8% del proceso de apertura. Este trámite no digital toma entre 744 y 3,660 horas, según los casos analizados.

Una vez abierta, una pequeña empresa en Perú dedica 3,181 horas anuales a obligaciones administrativas, frente al promedio de 1,178 horas de los 27 países y las 242 de Honduras. Equivale a 398 jornadas de ocho horas, más que un año laboral completo. Solo Jamaica registra una carga mayor. Las obligaciones laborales y de planillas (PLAME, AFP/ONP, T-Registro, Seguro Vida Ley y reportes a EsSalud) consumen 1,344 horas anuales, la cifra más alta del estudio.

Cerrar formalmente una pequeña empresa requiere aproximadamente 5,367 horas, 47% más que el promedio y 38 veces más que en Portugal. La liquidación consume 2,941 horas; la baja del RUC ante SUNAT, 1,080; y las constancias de no adeudo de SUNAT, municipalidades y EsSalud, hasta 720.

En el análisis combinado, el Perú integra el grupo de ocho países con peor desempeño y es el único entre los dos peores en apertura y funcionamiento. El estudio estima que el valor económico del tiempo destinado a trámites equivale a entre el 20% y el 45% del PBI anual, tiempo que las empresas dejan de dedicar a producir, vender o contratar.

Las barreras burocráticas eliminadas por INDECOPI

En 2025, Indecopi eliminó o dejó sin efecto más de 14,000 barreras burocráticas ilegales o irracionales, con un ahorro estimado de S/ 429 millones. Casi ocho de cada diez estaban vinculadas a licencias de funcionamiento, edificación y habilitación urbana. Entre enero y junio de 2026 se eliminaron otras 4,358, un 128% más que en el mismo periodo de 2025.

En febrero, Indecopi declaró ilegal que la Municipalidad de Lima exigiera un código catastral no contemplado por ley para otorgar licencias en el Centro Histórico. En mayo, declaró ilegales disposiciones que impedían solicitarlas durante 12 meses tras una sanción y seis meses tras una clausura.

En julio se conocieron nuevos fallos. Las restricciones de horario de la Municipalidad de Lima a discotecas y venta de alcohol fueron declaradas carentes de razonabilidad por no acreditarse «una problemática concreta». Paracas establecía 30 días hábiles para emitir un certificado cuyo plazo legal es de cinco, mientras Santiago de Surco exigía documentos no previstos por ley para levantar clausuras.

En el Gobierno central, en junio se conoció que Indecopi declaró ilegal un examen adicional de Sunat exigido a representantes aduaneros que no estudiaron en el Instituto Aduanero y Tributario (IAT). En agosto se conoció que declaró ilegales cobros de Sunedu de S/ 5,110.70 por modificar una oferta académica y S/ 125,844.70 por crear una filial universitaria. En septiembre, una evaluación del estudio PPU publicada por Gestión reveló que abrir un restaurante en el Perú exige hasta 50% más permisos que en Colombia.

Para la ACP, estos resultados muestran un sistema que desalienta la formalidad: las municipalidades concentran las principales trabas para abrir negocios y las obligaciones laborales dificultan su funcionamiento. La asociación propone un modelo basado en la confianza y la fiscalización posterior, que permita verificar el cumplimiento de las normas cuando el negocio ya esté funcionando.