Pisco, 19 años después: el Estado ya conoce el riesgo frente a un gran terremoto

A las 6:41 de la tarde del 15 de agosto de 2007, un terremoto de magnitud 7,9 sacudió la costa central del Perú. Pisco fue la ciudad más golpeada: alrededor del 80% de sus viviendas sufrió daños. El desastre dejó 596 muertos, 434.614 damnificados, 221.060 afectados y 93.708 viviendas destruidas o inhabitables, según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Diecinueve años después, Pisco continúa expuesto y vulnerable a un nuevo sismo de gran magnitud.

Una reconstrucción que tardó años

Trece días después del terremoto, el Gobierno creó el Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos (FORSUR) para acelerar la recuperación de viviendas, hospitales, colegios y servicios básicos. Sin embargo, el proceso pronto chocó con problemas de gestión. Según un estudio del CIES, FORSUR recién pudo utilizar sus recursos administrativos en febrero de 2008. Las transferencias entre entidades públicas llegaron a demorar hasta cinco meses y el plan integral de reconstrucción estuvo listo en abril, ocho meses después del sismo. Para entonces, apenas el 16% de los proyectos presupuestados estaba en ejecución.

Las demoras también alcanzaron a los expedientes técnicos y a la capacidad de ministerios, gobiernos regionales y municipios para ejecutar las obras. Entre 2007 y 2010, FORSUR priorizó 1.070 proyectos y, para junio de 2011, 941 habían recibido financiamiento por S/1.096,92 millones. De ellos, 646 habían culminado y 295 seguían en ejecución o con expedientes pendientes. Casi cuatro años después del terremoto, el 31% de los proyectos financiados aún no había concluido.

La reconstrucción enfrentó, además, vulnerabilidades anteriores al desastre. Más del 70% de las viviendas de la zona afectada no estaban inscritas en Registros Públicos, lo que dificultó el acceso de miles de damnificados a los mecanismos de ayuda. El Bono 6000 alcanzó a 28.700 beneficiarios, con un desembolso de S/172,2 millones, pero más de 52.000 viviendas destruidas quedaron fuera del programa. El terremoto no creó esos problemas: los encontró.

Obras pendientes desde 2007

El paso de los años tampoco resolvió todos los pendientes. En pleno centro de Pisco, el antiguo Palacio Municipal permanece inhabitable desde el terremoto. Las iniciativas para recuperarlo no llegaron a concretarse.

Los retrasos también alcanzaron al sector educativo. En Cabeza de Toro, distrito de Independencia, la Institución Educativa José Gabriel Aguilar quedó inhabitable tras el terremoto. Durante años, sus alumnos estudiaron en módulos prefabricados. Recién en enero de 2025 el Gobierno Regional de Ica inició la construcción de un nuevo local, con una inversión superior a S/33 millones. A mayo de 2026, la obra registraba un avance físico del 55%.

En San Clemente persiste otro caso. Cerca del 50% de la infraestructura del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Carlos Medrano Vásquez permanece afectada desde el sismo y sus 346 estudiantes y 24 docentes reciben clases en módulos prefabricados. En mayo de 2026, estudiantes, docentes y padres de familia protestaron para exigir la reconstrucción del local. El Gobierno Regional de Ica ha prometido una inversión de S/33 millones para la nueva infraestructura.

Diecinueve años después, el riesgo permanece

El escenario elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) para el Plan Multisectorial ante Sismos y Peligros Asociados 2026-2028 identifica 182 distritos del país con riesgo sísmico muy alto. Allí viven 14,8 millones de personas y existen más de 4,6 millones de viviendas. Otros 486 distritos presentan riesgo alto.

Ica continúa ampliamente expuesta: 19 de sus distritos están clasificados con riesgo sísmico muy alto. En ellos viven 433.615 personas y existen 156.013 viviendas. Otros 24 presentan riesgo alto. La provincia de Pisco ofrece el contraste más directo. Cinco de sus ocho distritos —Humay, Independencia, Paracas, San Andrés y Túpac Amaru Inca— presentan riesgo sísmico muy alto. Los otros tres —Pisco, San Clemente y Huancano— están clasificados con riesgo alto. En la práctica, esto significa que un sismo fuerte podría dejar viviendas inhabitables, interrumpir servicios y exponer a una parte importante de la población a diversos daños.

El Gobierno aprobó para 2026-2028 un Plan Multisectorial ante Sismos y Peligros Asociados que este año dispone de S/196,3 millones para 56 intervenciones a cargo de 25 entidades. Cerca de S/156 millones corresponden al sector Vivienda e incluyen el reemplazo de redes de agua y alcantarillado en zonas de muy alto riesgo, el reforzamiento de viviendas vulnerables y asistencia técnica para mejorar la seguridad de las edificaciones.

A diferencia de 2007, hoy el Estado conoce qué distritos están más expuestos, cuánta población vive en riesgo y qué intervenciones necesita ejecutar. El simulacro nacional previsto para este 14 de agosto permitirá ensayar la respuesta, pero la prueba principal ocurre antes de una emergencia: convertir esos planes y presupuestos en prevención efectiva. El próximo gran terremoto no tiene fecha; el riesgo sí está identificado. La gestión pública nuevamente pone a prueba su capacidad para reducir esas consecuencias antes de que ocurra.