¿Se le cierra el camino a Guillermo Bermejo?: Fiscalía allanó su casa por caso “Operadores de la Reconstrucción”

Diversas pruebas y testimonios apuntan a que el congresista de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Guillermo Bermejo, estaría implicado en los actos de corrupción del caso ‘Los Operadores de la Reconstrucción’. Debido a ello, el jueves 21 de septiembre, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción allanó la vivienda y oficina del también amigo del golpista Pedro Castillo.

A Bermejo se le investiga por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado, pues sería uno de los integrantes de la organización criminal al recibir sobornos de hasta 1.5% del monto total del contrato firmado con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARRC).

Lejos de cumplir los objetivos de la ARRC, la tesis fiscal señala que el parlamentario habría cobrado coimas por contratos, al igual que el hoy encarcelado Robert López López, exjefe de dicha institución. Incluso, información del Ministerio Público sugiere que Bermejo habría recepcionado un sobre con S/40,000 en su interior mientras se encontraba en su domicilio ubicado en Surco.

Cabe mencionar que el personal de confianza de Bermejo, que son sus ex asesores, también se encuentran siendo investigados por presuntamente pertenecer a esta red criminal que perjudicó seriamente a miles de peruanos en 13 regiones del Perú que esperaban contar con obras públicas que eviten el desborde de ríos o el colapso de estructuras ante posibles fenómenos climatológicos.

Se trata de Francisco Jara, quien habría recibido coimas equivalentes a 0.5% del total del contrato firmado por la ARRC y actualmente cumple una prisión preventiva por 20 meses, y Yul Valdivia, quien también estaría involucrado en los hechos irregulares tras visitar constantemente al legislador en su despacho.

Sobre el caso, la abogada penalista, Romy Chang, señaló que “la Fiscalía de la Nación tendrá primero que pedir al Congreso de la República que se levante este manto protector, que es la inmunidad parlamentaria. Si el Congreso no levanta la inmunidad, por más voluntad que la Fiscalía tenga de continuar con la investigación, no va a poder hacerlo”.