¿Qué dicen los gremios y municipios sobre el proyecto de ley que regula el cierre de locales comerciales?
En dos comisiones del Congreso se analiza un proyecto de ley que busca impedir el cierre arbitrario de locales comerciales por parte de las municipalidades. Hasta el momento, solo el distrito de Miraflores y la Municipalidad de Cusco están en contra. Mientras que más de 10 gremios, que aglomeran miles de empresarios y trabajadores formales, se mostraron a favor.
Redacción Vigilante
Publicado 2:48 pm, 22 agosto, 2023
Con el contexto conocido, el congresista Hernando Guerra García impulsa el proyecto de ley N°4952/2022-CR (Ley que fortalece el artículo 59° de la constitución Política del Perú y las libertades de empresas y comercio). Esta iniciativa se viene debatiendo y analizando en la Comisión de Constitución y en la Comisión de Descentralización, espacios que recibieron las opiniones de decenas de gremios empresariales y de municipalidades.
GREMIOS A FAVOR
Son alrededor de 10 gremios que notificaron su postura a favor de la medida impulsada por Guerra García. Todas ellas suman miles de comercios y empleos formales que buscan mantenerse a flote a pesar de la sinuosa situación socioeconómica del país.
La Sociedad Nacional de Industrias, presidida por Jesús Salazar Nishi, señala que la propuesta es positiva y que su articulado está orientado a limitar el uso de la medida complementaria de cierre temporal.
La Unión de Gremios de restaurantes del Perú, encabezada por José Luis Silva Martinot, explica que “un establecimiento comercial no puede estar sujeto a la discrecionalidad de cierre que faculta a los funcionarios públicos a ejecutar dicho procedimiento”, por lo que consideran que esta medida debería aplicarse solo en casos excepcionales, así como también deberían estar mejor normados los procedimientos para su ejecución y posterior levantamiento de las observaciones que sean causal de clausura.
La Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (ANACAB), presidida por Elizabeth Cavero, considera que “la clausura sea la última de las medidas (…) Sin embargo, viene usándose cada vez más como un medio de extorsión, para hacer que el empresario se allane rápidamente al pago de una multa que, de otra forma, podría apelar con calma en las vías correspondientes”.
La Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería, liderada por Pio Pantoja, que su sector fue afectado por “los indiscriminados y muchas veces arbitrarios cierres temporales ordenados por autoridades municipales”. “Queremos que las municipalidades cumplan su rol promotor – instructor para con las MYPES y no que los cierres temporales se presten como mecanismo de corrupción municipal”, detallan.
Desde la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX) afirmaron que el proyecto contribuiría a reducir la informalidad, los abusos de autoridad y a establecer reglas más predecibles para los emprendedores en un momento en el que se necesita fomentar la participación del sector privado como motor de la economía.
También están a favor la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), la Asociación de Bodegueros del Perú, Asociación PYME Perú, Asociación de Empresarios Gamarra Perú y otros.
EN CONTRA
A pesar del vasto apoyo que recibe la medida, la Municipalidad Distrital de Miraflores y a Municipalidad Provincial de Cusco son las únicas que notificaron ante las comisiones que están en contra de la medida. Miraflores afirma en su carta que “dicha iniciativa busca promover, al parecer, la informalidad, la ilegalidad y los malos emprendimientos”. En la misma línea se mostró Cusco, pues señalan que se “vulnera la autonomía administrativa, económica y política y porque debilita los esfuerzos de los gobiernos locales en su lucha contra la informalidad comercial”.
En tanto, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) señala que “la regulación contenida en el Proyecto incide en las funciones de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, al indicar que la clausura temporal no tiene el carácter de sanción, lo cual facultaría a dicho órgano resolutivo a evaluar la legalidad y, en su caso, la carencia de razonabilidad de la misma”.
Así, exhorta a la “revisión integral a la propuesta contenida en el artículo 5 del Proyecto, referido a la medida de clausura temporal, a fin de compatibilizar el mismo con el marco normativo vigente contenido, entre otras disposiciones, en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento”.