Bloqueos continúan en Puno a pesar de las advertencias por el deterioro empresarial

Desde el pasado 8 de diciembre, Puno permanece bloqueado por los manifestantes que exigen, entre muchas cosas, la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia, el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que permita modificar por completo la Constitución Política del Perú de 1993. Si bien la Carta Magna establece como un derecho organizar protestas pacíficas, estas movilizaciones en el sur del país han excedido los límites desde el primer instante, lo cual hizo que perdieran legitimidad y que, sobre todo, sean duramente criticadas por los propios residentes de la zona. 

Actualmente, esta región es la única incomunicada con el resto del Perú debido a que 37 puntos permanecen asediados por los violentos huelguistas que impiden el libre tránsito de ambulancias, camiones que transportan alimentos, autos particulares y cisternas de combustible, según información de Alerta Sutran. De acuerdo a la información de la Defensoría del Pueblo, las provincias afectadas son Puno, San Antonio de Putina, Sandia y San Roman.

Los piquetes ubicados en las vías no solo impiden que las personas ingresen o se retiren de este territorio, sino que imposibilita que actividades económicas sumamente importantes como el turismo, comercio y minería se desarrollen con total normalidad. Por ejemplo, esto ha impedido que la festividad de la Virgen de la Candelaria se desarrolle, lo cual provocó que la región deje de percibir alrededor de S/230 millones. 

Lo mismo ocurre con el comercio y transporte de alimentos perecibles, los cuales, al no llegar rápidamente a sus destinos, representan pérdidas económicas para los agricultores y todos aquellos actores de la cadena de producción agrícola. Es importante resaltar que las familias puneñas, especialmente las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, son las más afectadas por los bloqueos debido a que deben pagar altas sumas de dinero para adquirir productos básicos de higiene y consumo o pagar casi S/200 por un balón de gas doméstico. 

Ante la grave situación que atraviesa el país, no resulta extraño observar como entidades internacionales advierten sobre el riesgo de inversión en proyectos nacionales. Este es el caso de Moody ‘s, acreditadora internacional que advirtió sobre cómo la convulsión social afecta seriamente la calidad crediticia del país, la cual genera incertidumbre ante aquellos inversores extranjeros que impulsan proyectos mineros o de comercio.

En esa línea, la calificadora mencionó que las protestas provocaron que varias empresas de consumo masivo limiten sus actividades logísticas de forma preventiva en Arequipa, Cuzco y Juliaca. En esa línea, una prolongación de los disturbios como ocurre en Puno generará un mayor deterioro empresarial y de la inversión puesto que aumentarían los riesgos para los activos, métricas crediticias y rentabilidad de las empresas.